El Ejecutivo firmó un convenio para dar prioridad a oficiales activos en proyectos de vivienda, con la intención de fortalecer su estabilidad familiar y reducir factores que podrían hacerlos vulnerables ante redes criminales.
Redacción- El Gobierno anunció una nueva medida con la que busca fortalecer las condiciones de vida de los policías y alejarlos de posibles redes de corrupción, crimen organizado y narcotráfico: reservará un 10% de las viviendas de determinados proyectos habitacionales para oficiales activos.
La iniciativa se concretó mediante un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de facilitar que integrantes de la Fuerza Pública puedan acceder a una casa propia.
El beneficio estará dirigido a oficiales activos, quienes deberán cumplir, eso sí, con los requisitos establecidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda para poder optar por las soluciones habitacionales.
“Estaremos generando un 10% de los espacios en los proyectos que se desarrolla a través del Banco Hipotecario para la Vivienda para miembros de nuestra fuerza policial”, explicó el ministro de Vivienda, Guillermo Carazo.
La medida parte de una realidad que enfrentan muchos funcionarios policiales: la necesidad de trasladarse constantemente de una provincia a otra y cambiar de destino como parte de sus funciones, una situación que puede dificultar la estabilidad familiar y el acceso a una vivienda permanente.
Gobierno busca dar mayor estabilidad a los policías
La iniciativa pretende que los oficiales tengan una oportunidad adicional para adquirir una vivienda digna y construir un mayor arraigo familiar, especialmente aquellos que cumplen con los requisitos para acceder a los programas habitacionales.
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, destacó precisamente este aspecto como uno de los principales beneficios del convenio.
“El principal beneficio de este convenio es la posibilidad para los miembros de las fuerzas policiales de este ministerio de poder tener una vivienda digna, de darle todas las condiciones y facilidades a hombres y mujeres que hoy están luchando por mantener una Costa Rica más segura”, afirmó Campos.
La propuesta contempla reservar el 10% de los espacios disponibles en los proyectos que se desarrollen mediante el Banhvi para los miembros de la Fuerza Pública.
Sin embargo, esto no significa que todos los oficiales tendrán acceso automático a una vivienda. Los interesados deberán demostrar que cumplen con las condiciones establecidas por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Laura Fernández vincula la medida con la lucha contra el crimen
La presidenta Laura Fernández aseguró que esta iniciativa forma parte de su plan de gobierno y que fue concretada en un corto periodo.
“Esto está en mi plan de gobierno y en tiempo récord fuimos capaces de materializar”, afirmó Fernández, quien felicitó al INVU y al MIVAH por sacar adelante la iniciativa.
La mandataria explicó que uno de sus objetivos es mejorar las condiciones de los cuerpos policiales como una forma de prevenir que los funcionarios puedan convertirse en blanco de organizaciones criminales.
“¿Y qué es lo que yo como presidente persigo con este tipo de iniciativas? Reivindicar a nuestros cuerpos policiales y que nuestros policías no caigan, no caigan en las redes de corrupción, del crimen organizado y del narcotráfico”, declaró.
Según Fernández, la estabilidad económica y familiar puede convertirse en una herramienta adicional para respaldar a los oficiales que diariamente enfrentan a estructuras criminales.
“Un 10% de todas las casas” será reservado
La presidenta reiteró que el mecanismo permitirá que una parte de las viviendas que sean entregadas mediante proyectos habitacionales quede destinada exclusivamente a policías.
“Un 10% de todas las casas que entreguemos en proyectos de vivienda será reservado única y exclusivamente para que las ocupen policías de Costa Rica”, aseguró.
Fernández también señaló que existen oficiales con familias numerosas que podrían cumplir con los requisitos para recibir este tipo de beneficios.
La iniciativa busca atender así una necesidad que, según el Gobierno, durante años ha estado relacionada con la movilidad territorial de los policías y las dificultades para lograr un arraigo familiar.
La mandataria reconoció además que existen limitaciones para realizar mejoras salariales a los cuerpos policiales debido a la situación económica y fiscal del país.
“Quizás yo no les pueda subir el salario ya por las condiciones económicas y fiscales de Costa Rica, pero sí hemos puesto cabeza a encontrar otras soluciones para apoyar a nuestros policías”, afirmó.
Presidenta pide ampliar el beneficio a otros cuerpos policiales
Fernández adelantó que pretende ampliar la iniciativa para beneficiar también a otros funcionarios vinculados con labores de seguridad.
La presidenta solicitó a las autoridades de Vivienda y al presidente ejecutivo del INVU analizar la posibilidad de incorporar a los policías de Tránsito dentro de este esquema.
Además, manifestó su intención de conversar con las autoridades del Poder Judicial para que los funcionarios policiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también puedan tener acceso a una oportunidad similar.
“Yo creo que también los policías del Organismo de Investigación Judicial que también arriesgan su vida al servicio de Costa Rica deben de ser beneficiarios de esta enorme oportunidad de hacerse de una casa propia”, expresó.
De concretarse estas ampliaciones, el programa podría alcanzar a un grupo más amplio de funcionarios que desempeñan labores de seguridad y que enfrentan riesgos asociados con el combate contra el crimen organizado.
Por ahora, el convenio establece como punto central la reserva del 10% de las viviendas en proyectos desarrollados a través del Banhvi para oficiales activos de la Fuerza Pública, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
El Gobierno presenta esta medida no solo como una política habitacional, sino también como una herramienta para fortalecer el arraigo, respaldar a las familias de los policías y reducir factores de vulnerabilidad frente a organizaciones dedicadas a la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.
