Una fuerte crítica del presidente Rodrigo Chaves volvió a sacudir el ambiente político este miércoles. El mandatario reaccionó con dureza contra la Sala Constitucional tras el fallo que anuló el proceso impulsado por el Gobierno para adjudicar frecuencias de radio y televisión, asegurando que su administración acatará la resolución, pero no la respeta.
Las declaraciones se dieron durante la tradicional conferencia de prensa de los miércoles en Casa Presidencial, donde Chaves compareció junto a la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes.
En ese espacio, el presidente lanzó una frase que rápidamente encendió la discusión pública.
“Tenemos que obedecer a la Sala IV, pero respetarla no. Esa es la hablada de todos los expresidentes. Este fallo yo no lo respeto, es desastroso y repudiable”, afirmó el mandatario.
El origen de la controversia está en una resolución de la Sala Constitucional que anuló el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión promovido por el Ejecutivo. Los magistrados consideraron que el mecanismo utilizado no garantizaba el pluralismo de medios ni de contenidos que debe existir en un Estado democrático.
Entre los cuestionamientos del tribunal se indicó que el proceso utilizaba la oferta económica más alta como criterio principal para adjudicar las frecuencias, lo que podría favorecer la concentración del espectro radioeléctrico y dejar fuera a medios más pequeños, comunitarios o regionales.
A pesar de sus críticas, Chaves aseguró que el Gobierno no tomará medidas de presión contra el Poder Judicial y que cumplirá con lo que establece la resolución.
“Vamos a hacer lo que las leyes mandan, despreciando este fallo”, dijo el presidente, quien también señaló que el Ejecutivo tiene tres meses para abrir un nuevo concurso.
Durante la conferencia, la ministra Paula Bogantes explicó que el Gobierno trabajará en un nuevo proceso para adjudicar las frecuencias, ajustado a lo señalado por la Sala Constitucional. También defendió que el camino correcto sigue siendo un concurso público y no prórrogas automáticas para los concesionarios actuales.
La decisión de la Sala IV marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Gobierno y diversos sectores vinculados a la radiodifusión, un tema que ha generado debate durante meses por el futuro de decenas de emisoras y canales de televisión en el país.
Ahora, el Ejecutivo deberá diseñar un nuevo mecanismo de concurso que cumpla con los criterios constitucionales y que defina quiénes podrán operar las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica en los próximos años.
