La Sala Constitucional condenó al Estado y a la Superintendencia de Telecomunicaciones tras anular el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión, al considerar que el modelo utilizado vulnera principios fundamentales como el pluralismo informativo y el acceso equitativo al espectro radioeléctrico.
La resolución deja sin efecto las licitaciones mediante las cuales se pretendía adjudicar 85 bandas del espectro actualmente en operación en el país, tanto para radio AM, radio FM como para televisión abierta.
Según el criterio de los magistrados, utilizar exclusivamente la oferta económica más alta como único parámetro para asignar las concesiones resulta incompatible con el deber del Estado de garantizar diversidad de medios y contenidos en una sociedad democrática. El fallo advierte que el espectro radioeléctrico no puede tratarse únicamente como un bien comercial, sino como un recurso estratégico vinculado al derecho ciudadano a la información.
Además de anular el concurso, la Sala ordenó al Gobierno diseñar un nuevo modelo de adjudicación que incorpore criterios que promuevan el pluralismo, la transparencia y una distribución equitativa del espectro destinado a la radiodifusión.
El tribunal también instruyó a las autoridades competentes a asegurar la continuidad del servicio mientras se define el nuevo esquema, para evitar afectaciones en la señal libre y abierta.
Como parte de la sentencia, la Sala condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios derivados del proceso, los cuales deberán cuantificarse en la vía contencioso-administrativa.
El proceso de subasta se desarrolló en medio de cuestionamientos y de la salida anunciada de varias emisoras y canales que decidieron no participar debido a los altos montos establecidos como base para pujar por las frecuencias.
Datos oficiales indican que en la subasta participaron 14 empresas interesadas, con un número de ofertas significativamente menor al total de concesionarios vigentes, lo que encendió alertas sobre la eventual reducción de opciones en radio y televisión abierta.
La decisión marca un precedente en materia de concesiones del espectro radioeléctrico y obliga al Ejecutivo a replantear la forma en que se asignan estas frecuencias, en un debate que ahora trasciende lo económico y se instala en el terreno de los derechos fundamentales y la democracia informativa.
