Caen más de 2 mil 500 kilos de marihuana en altamar en operativo conjunto con la DEA
La operación se realizó a 52 millas náuticas al sureste de Punta Burica, con apoyo de la DEA y de autoridades de Panamá y Estados Unidos. Dos ecuatorianos fueron detenidos.
Una operación conjunta entre autoridades costarricenses, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y cuerpos policiales de Panamá permitió interceptar una lancha rápida que transportaba más de dos toneladas y media de marihuana en aguas del Pacífico Sur.
El operativo se desarrolló a 52 millas náuticas al sureste de Punta Burica, donde oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una embarcación de 38 pies de largo, tripulada por dos hombres de nacionalidad ecuatoriana.
Los detenidos fueron identificados con los apellidos Trejos Domínguez, de 25 años, quien presuntamente fungía como capitán de la lancha, y Flores Bawi, de 49 años.
Según informó el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, la operación comenzó el martes y concluyó este miércoles, luego de una coordinación con la DEA.
El apoyo aéreo de la Dirección de Inteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) de Panamá y de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATFS, por sus siglas en inglés) fue clave para el desarrollo de la intervención.
En el operativo también participaron oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).
Una vez asegurada la embarcación, los guardacostas la trasladaron hasta Golfito, donde agentes de la PCD, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron las diligencias correspondientes.
Durante la inspección, las autoridades decomisaron 2.648 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno. Además, encontraron 11 estañones con combustible y otros indicios que serán incorporados a la investigación.
Los dos tripulantes ecuatorianos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.
