APSE denuncia intento de quitar ₡8 mil millones a universidades para pagar deuda de pensiones
El sindicato advierte que el Estado mantiene obligaciones millonarias con JUPEMA y cuestiona que se pretenda financiar su pago con recursos destinados a la educación superior pública.
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) lanzó una fuerte advertencia al Gobierno y a los diputados por la intención de utilizar más de ₡8.048 millones destinados a las universidades públicas para atender obligaciones del Estado con el régimen de pensiones del Magisterio Nacional.
El señalamiento forma parte de una carta enviada este miércoles 11 de noviembre a la Asamblea Legislativa y a las autoridades del Poder Ejecutivo, en el marco de la huelga nacional convocada por el sindicato.
Según el documento, una modificación al Presupuesto Nacional de 2027 pretende trasladar ₡8.048.128.252 del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) hacia una partida destinada al pago de cotizaciones patronales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).
Para APSE, esta decisión resulta especialmente preocupante porque busca atender una obligación financiera del Estado mediante la reducción de recursos asignados a las universidades públicas.
La organización sostiene que ambas obligaciones deben cumplirse sin sacrificar el financiamiento de la educación.
Denuncian deuda superior a ₡44 mil millones
Uno de los principales señalamientos del sindicato tiene que ver con las obligaciones económicas pendientes con JUPEMA.
De acuerdo con un análisis técnico elaborado por el consultor Ricardo Vindas Valerio, citado por APSE, al 26 de octubre de 2026 la deuda acumulada del Estado ascendía a ₡44.663 millones.
Este monto comprende cotizaciones pendientes, diferencias en aportes patronales, intereses moratorios y otros conceptos relacionados con el Régimen de Capitalización Colectiva.
El estudio también advierte sobre posibles problemas para 2027, debido a que las previsiones presupuestarias rondan los ₡60.281 millones, mientras que las necesidades estimadas alcanzan los ₡110.000 millones.
Esto representaría una diferencia cercana a los ₡50.000 millones que, según el sindicato, debe atenderse para evitar nuevas obligaciones pendientes.
MEP asegura haber pagado más de ₡106 mil millones
Sin embargo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) presentó una versión distinta sobre el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
El pasado 10 de noviembre, la institución informó que durante 2026 había transferido más de ₡106.000 millones a JUPEMA para atender aportes patronales, estatales, intereses y compromisos correspondientes a diferentes períodos.
Según el MEP, ese mismo día realizó un nuevo desembolso de ₡7.019 millones y aseguró que ha cumplido, incluso de manera anticipada, los acuerdos de pago establecidos desde diciembre de 2024.
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, afirmó que no existe ningún acuerdo incumplido y defendió que la institución ha adelantado obligaciones cuyo pago estaba previsto para años posteriores.
Las cifras expuestas por ambas partes corresponden a conceptos y fechas de referencia diferentes. Por ello, los desembolsos anunciados por el Ministerio no permiten establecer, por sí solos, cuál es el saldo pendiente actualizado que mantiene el Estado con JUPEMA.
Sala Constitucional frenó discusión del presupuesto
La controversia por los recursos universitarios también llegó a la Sala Constitucional.
El pasado 9 de noviembre, una medida cautelar ordenó a la Asamblea Legislativa suspender la discusión y aprobación en segundo debate del Presupuesto Nacional de 2027 antes del 29 de noviembre.
La decisión está relacionada con una consulta de constitucionalidad que cuestiona precisamente el traslado de ₡8.048 millones del FEES hacia las obligaciones patronales con JUPEMA.
La consulta plantea posibles afectaciones a la autonomía universitaria y a las garantías constitucionales que protegen el financiamiento de la educación superior pública.
La medida es provisional y no constituye todavía una resolución definitiva sobre la constitucionalidad del recorte.
APSE también exige cumplir el 8% para educación
Además de la deuda de pensiones, APSE cuestionó que el presupuesto educativo para 2027 continúe sin alcanzar el mínimo del 8% del producto interno bruto (PIB) establecido en la Constitución Política.
Según los datos presentados por el sindicato, el presupuesto del Ministerio de Educación Pública para el próximo año registra una reducción nominal aproximada de ₡19.229 millones respecto de 2026.
La organización recordó que una sentencia de la Sala Constitucional de junio de 2025 declaró inconstitucional una omisión presupuestaria relacionada con el financiamiento educativo correspondiente a 2023.
Por esa razón, exige que el Gobierno y los diputados adopten las medidas necesarias para cumplir simultáneamente con las obligaciones de pensiones y con el financiamiento constitucional de la educación pública.
La carta, firmada por el presidente de APSE, Dennis Solís Cruz, insiste en que el pago de la deuda con JUPEMA no debe convertirse en una justificación para reducir recursos educativos.
El conflicto mantiene abierta una discusión sobre cómo financiar las obligaciones del Estado sin afectar los recursos destinados a estudiantes, docentes, universidades y futuros pensionados.
