Angie Cruickshank desafía presión del oficialismo y descarta renunciar a la Defensoría
La jerarca rechazó los señalamientos por su inspección al CACCO y aseguró que continuará en el cargo. También afirmó que funcionarios penitenciarios obstaculizaron la labor de fiscalización durante la visita.
Angie Cruickshank no dejará la Defensoría de los Habitantes. La jerarca descartó renunciar pese a que los diputados oficialistas aprobaron una moción de orden para exigir su salida inmediata, luego de la inspección que realizó el pasado 13 de noviembre en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
“Con el mayor respeto, pero con absoluta claridad, no presentaré mi renuncia al cargo de defensora de los habitantes”, afirmó este jueves durante una conferencia de prensa.
La moción fue impulsada por la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz Rosales, quien cuestionó el comportamiento de Cruickshank durante la visita al centro penitenciario y señaló supuestas faltas de respeto hacia funcionarios administrativos y policiales.
La defensora rechazó esos señalamientos y, más bien, aseguró que durante la inspección hubo actuaciones de personal penitenciario que dificultaron el trabajo de la institución.
“Sobre las conductas que se me atribuyen durante la inspección, es mi deber aclarar que en ningún momento me conduje de una manera altanera y respetuosa o contraria a las normas de convivencia que deben prevalecer en este tipo de diligencias”, manifestó.
Cruickshank agregó que comunicó formalmente al ministro de Justicia y Paz que, según su versión, funcionarios bajo su mando irrespetaron su investidura e incluso obstaculizaron físicamente la fiscalización.
La jerarca defendió que la visita al CACCO tenía como propósito revisar las condiciones de infraestructura, seguridad, funcionamiento y gobernanza del establecimiento, además de verificar el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.
Para respaldar esa actuación, citó el artículo 12 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes, que permite a la persona titular de la institución, a su adjunto y a sus delegados inspeccionar oficinas públicas sin previo aviso y solicitar la documentación necesaria para sus funciones.
“Renunciar al ejercicio de estas competencias significaría apartarse de responsabilidades esenciales de la institución”, sostuvo.
Otro de los puntos que abordó Cruickshank fue el cuestionamiento de que la defensa de los derechos de las personas encarceladas pueda interpretarse como falta de solidaridad con las víctimas de la delincuencia.
La defensora insistió en que ambas responsabilidades pueden ejercerse al mismo tiempo y que los derechos humanos deben protegerse independientemente de la condición de cada persona.
“Es perfectamente posible y además constituye una obligación ética e institucional mostrar sensibilidad y solidaridad ante el dolor de las víctimas y sus familias y, al mismo tiempo, velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Ambas posiciones no son excluyentes”, expresó.
Como parte de su respuesta, indicó que la Defensoría ha realizado más de 210 visitas a instituciones y centros públicos, entre ellos centros educativos, albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ebáis, hospitales, ministerios y establecimientos para adultos mayores y personas con discapacidad.
También mencionó el seguimiento a denuncias sobre listas de espera, feminicidios, migración y ciberdelincuencia, así como el análisis de la Política Nacional de Seguridad y el acompañamiento a familias afectadas por feminicidios.
Cruickshank explicó que el 12 de octubre de 2026, después de recibir una invitación de la Presidencia para asistir a la inauguración del CACCO, comunicó que no participaría en el acto, pero manifestó su interés en efectuar una inspección técnica independiente.
La moción contra la defensora no fue la única aprobada por los diputados oficialistas. Los legisladores también avalaron otra iniciativa para solicitar la salida del fiscal general, Carlo Díaz.
Pese a las exigencias de los diputados, Cruickshank aseguró que seguirá al frente de la institución durante el periodo de cuatro años para el que fue designada.
“Renunciar a mi cargo, como propone la moción, equivaldría a reconocer un incumplimiento de mis deberes legales en el cual nunca incurrí. Hacerlo atentaría contra la verdad de los hechos y contra los valores éticos que han guiado mi administración”, concluyó.