TEC denuncia que recorte millonario del Gobierno viola la autonomía universitaria
El Consejo Institucional rechazó la rebaja presupuestaria propuesta para el último trimestre de 2026 y advirtió que la falta de recursos podría comprometer el funcionamiento del centro académico y el acceso a la…
El Tecnológico de Costa Rica (TEC) advirtió que reducir el presupuesto previamente aprobado para las universidades públicas constituye una violación de la autonomía universitaria, al obligar a estas instituciones a modificar decisiones adoptadas en el ejercicio de sus competencias constitucionales.
La posición quedó plasmada en un pronunciamiento del Consejo Institucional emitido el 28 de octubre de 2026, en el que la universidad rechazó los recortes y las restricciones presupuestarias que puedan comprometer la continuidad de los servicios de educación pública.
Uno de los principales puntos de preocupación es la situación del Centro Académico de Limón, para el cual se propone una rebaja de ₡492.879.477 correspondiente al último trimestre de 2026.
El Consejo Institucional exigió resguardar y girar oportunamente los recursos destinados a esta sede, al considerar que la reducción presupuestaria podría poner en riesgo su funcionamiento.
TEC advierte sobre falta de recursos para la sede de Limón
La rectora del TEC, María Estrada, señaló que el giro correspondiente a octubre no se efectuó y que, según lo comunicado por el Ministerio de Educación Pública (MEP), tampoco se realizarían los desembolsos de noviembre y diciembre.
Esto ocurriría pese a que la modificación presupuestaria todavía no ha sido aprobada en la Asamblea Legislativa, según expuso la institución en su pronunciamiento.
El Consejo advirtió que una disminución de los recursos destinados al Centro Académico de Limón podría afectar la continuidad de sus operaciones y limitar las oportunidades de acceso a la educación superior para las personas de la región.
La institución también alertó sobre las consecuencias que tendría debilitar la presencia universitaria fuera del Valle Central, especialmente para estudiantes que enfrentan dificultades económicas o de transporte para trasladarse y mantener sus estudios lejos de sus hogares.
Además, la reducción de recursos podría comprometer proyectos de investigación, extensión y acción social que responden a las necesidades de las comunidades limonenses.
¿Por qué el TEC considera que se viola la autonomía universitaria?
El pronunciamiento se fundamenta en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, así como en los alcances de la autonomía universitaria desarrollados por la Sala Constitucional.
Según el Consejo Institucional, esta garantía permite a las universidades públicas definir sus planes, programas, presupuestos y organización interna sin quedar sujetas a la dirección del Poder Ejecutivo.
Por esa razón, el TEC sostiene que reducir recursos previamente aprobados, después de que la institución organizó y puso en marcha sus actividades con base en ese presupuesto, afecta su capacidad para tomar decisiones dentro de sus competencias constitucionales.
El Consejo también manifestó su rechazo a que el financiamiento público se utilice como mecanismo de presión o represalia contra posiciones universitarias que resulten incómodas para un gobierno o una agrupación política.
TEC pide a diputados y al Gobierno garantizar los recursos
Ante este escenario, el Consejo Institucional hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que rechace las rebajas presupuestarias y las disposiciones que puedan comprometer la continuidad de los servicios públicos involucrados.
Asimismo, solicitó al Poder Ejecutivo y a los ministerios de Hacienda y de Educación Pública adoptar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del Centro Académico de Limón.
La institución reiteró su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas, al tiempo que convocó a la ciudadanía a defender la educación pública mediante mecanismos democráticos y pacíficos.
La discusión presupuestaria mantiene en el centro del debate la disponibilidad de recursos para las universidades estatales y las posibles consecuencias de los recortes sobre la continuidad de sus servicios, particularmente en regiones donde la presencia universitaria representa una oportunidad de acceso a la educación superior.
