Diputados del PLN buscan frenar que políticos se escondan en la inmunidad para enfrentar casos por delitos sexuales

Diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca modificar las reglas de inmunidad para los jerarcas de los supremos poderes que sean acusados de delitos sexuales.

La propuesta pretende que la inmunidad no pueda utilizarse como una barrera para que una investigación penal avance cuando existan denuncias de este tipo.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, explicó que la iniciativa busca marcar un cambio en la forma en que se abordan estos casos y evitar que una investidura política termine dificultando el acceso de una víctima a la justicia.

La iniciativa propone una reforma parcial a la Constitución Política para excluir de la inmunidad a los jerarcas de los supremos poderes que sean acusados de delitos sexuales.

Según el planteamiento de los liberacionistas, la inmunidad fue creada para proteger la independencia de los funcionarios públicos frente a posibles persecuciones políticas, pero no debería convertirse en una herramienta para impedir que se investiguen hechos de naturaleza sexual.

“Una agresión sexual no es una decisión política. Un caso de acoso no es parte del trabajo de una diputación, un ministerio o la Presidencia”, señala el documento oficial del partido.

De aprobarse el cambio, ante una acusación formal no sería necesaria una autorización previa de la Asamblea Legislativa para que la investigación avance.

El proyecto aclara que la persona denunciada conservaría todos sus derechos de defensa y que eliminar la protección en estos casos no significaría establecer responsabilidad antes de que exista una resolución judicial.

Ramírez sostuvo que Costa Rica no debería permitir que una curul o una investidura se convierta en una barrera entre una víctima y la justicia.

El legislador insistió en que la inmunidad debe proteger el ejercicio de las funciones públicas, pero no utilizarse para cubrir conductas que no forman parte de esas labores.

Por su parte, la diputada Yanis Sandí señaló que la discusión también debe tomar en cuenta a las mujeres que han sufrido acoso u hostigamiento sexual.

La legisladora cuestionó que casos de este tipo puedan terminar únicamente con medidas dentro del ámbito político o administrativo y defendió que las denuncias sean conocidas por el Poder Judicial.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto necesita alcanzar los 38 votos requeridos en la Asamblea Legislativa para su aprobación.

Ramírez confirmó que ya se encuentran en conversaciones con otras fracciones para buscar respaldo a la iniciativa, incluido el oficialismo.

El proyecto plantea que eliminar la inmunidad en estos casos no significa condenar a una persona sin pruebas, sino permitir que las investigaciones se desarrollen sin que una decisión política determine si una denuncia puede avanzar.

Ahora los diputados deberán buscar los apoyos necesarios para que la propuesta pueda avanzar en el Congreso y eventualmente modificar la Constitución Política.