Denuncian penalmente a exdirectivos del Colegio de Abogados por bajar nota mínima de examen

La Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la decisión de reducir la nota mínima de aprobación del examen de idoneidad profesional, una medida adoptada por la Junta Directiva correspondiente al periodo 2024-2025.

La denuncia busca que las autoridades judiciales investiguen posibles responsabilidades por los delitos de prevaricato, fraude de ley e incumplimiento de deberes, a raíz de acuerdos que modificaron las condiciones para aprobar la prueba requerida para incorporarse al Colegio.

Según informó la Fiscalía este martes 27 de octubre de 2026, la revisión de los hechos comenzó en enero de este año y se concentró en los acuerdos 05-2025 y 06-2025, aprobados el 4 y el 11 de febrero de 2025, respectivamente.

Mediante esas decisiones, la anterior Junta Directiva redujo de 80 a 70 puntos la calificación mínima para aprobar el examen. Posteriormente, la medida se extendió de manera retroactiva a personas que habían realizado la prueba durante los diez años anteriores y obtenido notas superiores a 70 puntos.

La Fiscalía sostiene que esa decisión permitió incorporaciones al Colegio bajo criterios distintos de los establecidos en el reglamento institucional.

Fiscalía cuestiona competencias de la Junta Directiva

Uno de los principales cuestionamientos consiste en que la Junta Directiva habría modificado un requisito cuya aprobación correspondía a la Asamblea General, considerada el máximo órgano del Colegio de Abogados y Abogadas.

De acuerdo con la Fiscalía, antes de adoptar la medida existían advertencias del Departamento Legal y del Comité de Examen de Excelencia Académica (CEEA) de 2024 sobre la necesidad de obtener la autorización de la Asamblea General.

La revisión también incluyó cambios en la integración del CEA y la participación posterior de ese órgano en el proceso que respaldó la modificación de la nota mínima.

Además, se analizaron las advertencias formuladas en marzo de 2025 por quien entonces ocupaba la vicepresidencia de la Junta Directiva y manifestó su oposición a la medida, al considerar que contravenía la normativa institucional.

El fiscal del Colegio, Dewin Brenes, defendió la presentación de la denuncia y señaló que la revisión permitió identificar elementos que deben ser analizados por las autoridades judiciales.

“Esta Fiscalía tiene la obligación de actuar con independencia y objetividad. La revisión de los acuerdos y sus antecedentes permitió identificar elementos que deben ser conocidos por las autoridades judiciales. Nuestro propósito es que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades conforme a derecho”, manifestó Brenes.

¿Quiénes podrían enfrentar responsabilidades?

La denuncia comprende actuaciones atribuidas a integrantes de la anterior Junta Directiva y a otras autoridades relacionadas con el proceso, incluida la persona que ejercía la Fiscalía durante ese periodo.

Brenes insistió en que las decisiones sobre los requisitos para ejercer una profesión deben ajustarse a las competencias y disposiciones establecidas en la normativa.

“Cuando se trata de requisitos para el ejercicio profesional, el respeto a la normativa no es opcional. Las autoridades institucionales tenemos la responsabilidad de garantizar que las decisiones se adopten dentro del marco legal y con pleno respeto a las competencias de cada órgano”, afirmó.

La presentación de la denuncia no implica que las personas señaladas sean culpables de algún delito. Corresponderá a las autoridades judiciales investigar los hechos, valorar las pruebas y determinar si existen responsabilidades penales, con respeto al debido proceso.

Colegio defiende la idoneidad profesional

La Fiscalía también advirtió que el cumplimiento de los requisitos de idoneidad profesional no se limita a un asunto administrativo, sino que representa una garantía para la ciudadanía y para la credibilidad del ejercicio de la abogacía en Costa Rica.

“La ciudadanía tiene derecho a confiar en que quienes ejercen la abogacía cumplen con los requisitos establecidos. Proteger la integridad de los procesos de incorporación es también proteger la credibilidad del gremio y la confianza pública en nuestra profesión”, agregó Brenes.

Con la acción judicial, la Fiscalía asegura que busca cumplir con sus funciones de fiscalización y control institucional, sin distinción de las autoridades involucradas, y que sean los tribunales los que determinen las eventuales responsabilidades por las decisiones que modificaron la nota mínima del examen de idoneidad profesional.