Acuerdo Transpacífico en la mira: Defensoría advierte riesgos para el empleo rural y el agro
La institución solicita a Comercio Exterior los estudios y las condiciones negociadas para evaluar las posibles consecuencias sobre productores, familias y comunidades rurales.
La posible adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) genera preocupación en la Defensoría de los Habitantes por sus eventuales efectos sobre la agricultura, la ganadería y el empleo rural.
La institución solicita al Ministerio de Comercio Exterior los estudios y las condiciones negociadas para determinar si las decisiones cuentan con una evaluación suficiente de sus consecuencias productivas y sociales.
El punto central es que un aumento de las exportaciones o de la producción nacional no garantiza beneficios para todos. Según plantea la Defensoría, ese crecimiento podría coexistir con pérdidas de ingresos y puestos de trabajo en determinadas actividades y regiones.
Por eso, la investigación examinará quiénes podrían aprovechar las oportunidades del acuerdo, cuáles sectores enfrentarían mayores costos y qué medidas permitirían distribuir sus beneficios de manera más equitativa.
El impacto podría extenderse a otros negocios
La preocupación también abarca a transportistas, personas que procesan y comercializan productos agropecuarios y comercios que dependen del consumo de las familias productoras.
Una eventual contracción de la agricultura o la ganadería podría afectar toda esa cadena económica. En comunidades con pocas alternativas laborales, la institución advierte que esto podría profundizar la desigualdad territorial y aumentar la informalidad.
La revisión pondrá especial atención en las pequeñas unidades productivas, la agricultura familiar, las mujeres rurales y las personas jóvenes y trabajadoras vinculadas con estas actividades.
También se analizará si los estudios identifican riesgos específicos por región y actividad, tomando en cuenta las diferencias de acceso al crédito, tecnología, infraestructura y mercados.
¿Las rebajas arancelarias llegarían al consumidor?
La seguridad alimentaria será otro de los ejes de la investigación. La Defensoría examinará cómo se valoran la capacidad del país para producir alimentos, la estabilidad del abastecimiento y el acceso de los hogares a una alimentación adecuada.
Además, buscará verificar si las eventuales reducciones de aranceles se reflejarían en los precios que pagan los consumidores y cómo se relacionarían con los ingresos de las familias productoras.
La institución también solicita información sobre las medidas previstas para quienes pudieran sufrir pérdidas atribuibles al acuerdo. Entre ellas figuran apoyos temporales al ingreso, atención del endeudamiento, capacitación, alternativas de empleo y continuidad de la protección social.
La revisión abarcará los presupuestos, la cobertura territorial, las entidades responsables y las condiciones de acceso a esos programas.
La Defensoría aclara que la investigación no anticipa conclusiones sobre los efectos de la adhesión. Su objetivo es determinar si las actuaciones públicas cuentan con evidencia suficiente y medidas concretas para proteger el trabajo, la alimentación y la seguridad social.
También examinará si los sectores productivos y las comunidades rurales reciben información oportuna y tienen posibilidades reales de plantear observaciones antes de las próximas decisiones.
