La ruta del millón de dólares los delató: así cayeron lavaradores ligados a secuestro de extranjero

La investigación por el secuestro del empresario estadounidense de apellido Creighton fue más allá de capturar y condenar a quienes participaron directamente en el crimen: las autoridades siguieron la ruta del dinero pagado por su liberación y lograron llevar a juicio a dos hombres señalados de ocultar y legitimar parte del millonario rescate.

El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José condenó a dos hombres de apellidos Morales y Molina a 12 años de prisión cada uno por el delito de legitimación de capitales, para una pena conjunta de 24 años.

La resolución corresponde a la sentencia número 506-2026, dictada este jueves 17 de setiembre de 2026.

El caso permitió reconstruir parte del movimiento financiero que se produjo después del secuestro extorsivo de Creighton, ocurrido en setiembre del 2018 y que posteriormente terminó con la muerte del empresario.

Durante aquel secuestro, la familia de la víctima recibió varias exigencias económicas de los responsables y finalmente accedió al pago solicitado.

El rescate consistió en aproximadamente 148 bitcoins, cuyo valor para ese momento rondaba el millón de dólares.

Según lo establecido en el proceso, Morales y Molina actuaron junto con otras personas que ya habían sido sentenciadas por el caso y recibieron criptomonedas en monederos virtuales bajo su control.

El objetivo era ocultar y encubrir parte de los activos provenientes del pago efectuado por la familia para intentar conseguir la liberación del empresario.

De esta manera, el expediente judicial no se limitó a determinar quiénes participaron en el secuestro, sino que permitió seguir el rastro de los activos digitales utilizados posteriormente para movilizar y esconder el dinero obtenido mediante la extorsión.

Morales y Molina habían sido detenidos durante una serie de allanamientos realizados en diciembre del 2022.

En aquella oportunidad las autoridades intervinieron cuatro viviendas: dos en San Pedro de Montes de Oca, una en Curridabat y otra en Coto Brus de Puntarenas.

Durante las diligencias también fueron decomisados equipos electrónicos y documentación que posteriormente formaron parte de la investigación.