¡Van con todo! Oficialismo presenta paquete de reformas que sacudiría la Constitución y el Poder Judicial

Las iniciativas incluyen extradición de costarricenses, uso de pistolas Taser, cambios al Poder Judicial y nuevas reglas contra la impunidad.

La fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano presentará este martes un amplio paquete de reformas que promete abrir uno de los debates políticos y jurídicos más intensos de los últimos años en Costa Rica.

Las iniciativas abarcan desde cambios a la Constitución Política hasta modificaciones en materia penal, seguridad ciudadana y organización del Poder Judicial, con el argumento de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y modernizar las instituciones del país.

Entre las propuestas más llamativas figura la reforma al artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de costarricenses por delitos graves relacionados con crimen organizado transnacional, como narcotráfico, terrorismo, legitimación de capitales, trata de personas, sicariato vinculado a organizaciones criminales y ciberdelitos que comprometan la seguridad nacional.

El paquete también plantea una “Ley Taser” para autorizar y regular el uso de dispositivos de conducción eléctrica por parte de los cuerpos policiales, estableciendo condiciones específicas para su utilización, capacitación obligatoria, controles institucionales y prohibiciones para evitar abusos.

Otra de las iniciativas busca impedir que personas procesadas o condenadas obtengan beneficios por permanecer prófugas, suspendiendo los plazos de prescripción mientras se mantengan en fuga o en condición de rebeldía.

Además, las diputadas oficialistas proponen una reforma para redistribuir competencias dentro del Poder Judicial, trasladando funciones administrativas al Consejo Superior y dejando a la Corte Suprema concentrada en labores jurisdiccionales.

También se pretende modificar el proceso de elección de magistrados suplentes para que sea asumido íntegramente por la Asamblea Legislativa mediante procedimientos públicos, plazos definidos y criterios objetivos de evaluación.

El documento incluye, además, una reforma constitucional para incorporar expresamente el derecho a la autodeterminación informativa, fortaleciendo el control de las personas sobre sus datos personales.

A esto se suma un proyecto para regular la pólvora sonora, prohibiendo la de alto impacto y estableciendo restricciones para proteger a las personas, los animales y el ambiente.

Las propuestas serán presentadas oficialmente durante una convocatoria de prensa y, de prosperar, abrirían un amplio debate político sobre seguridad, justicia y el alcance de las reformas constitucionales impulsadas por la bancada oficialista.