Poder Judicial advierte que decisión de Justicia con audiencias virtuales provocará más gastos y atrasos

Jueces, fiscales y defensores públicos aseguran que poner fin a las audiencias virtuales obligará a trasladar miles de privados de libertad, aumentará los costos operativos y afectará los tiempos de respuesta del sistema judicial.

Redacción- El Poder Judicial encendió las alarmas tras el anuncio del Ministerio de Justicia y Paz de dar por terminado el convenio que permitía realizar audiencias virtuales con personas privadas de libertad. Diversas dependencias judiciales advirtieron este martes que la medida traerá consecuencias directas sobre el funcionamiento del sistema, al incrementar los costos, los traslados de reclusos y los tiempos de atención de los procesos.

Las advertencias provinieron de la Jurisdicción de Ejecución de la Pena, el Ministerio Público y la Defensa Pública, cuyos representantes coincidieron en que la eliminación de esta modalidad afectará la eficiencia con la que actualmente se desarrollan cientos de diligencias judiciales.

El juez de Ejecución de la Pena, Mario Rodríguez, explicó que desde 2021 se han realizado alrededor de 5.000 audiencias virtuales, cifra que, de desaparecer esta modalidad, se traduciría en miles de traslados adicionales de personas privadas de libertad hacia distintas sedes judiciales.

Según el juzgador, muchas de esas diligencias tienen una duración de apenas cinco o diez minutos, por lo que considera poco razonable movilizar a un privado de libertad únicamente para participar en una audiencia tan breve.

Rodríguez señaló que el sistema virtual ha permitido reducir significativamente los gastos asociados al transporte de reclusos, la alimentación durante su permanencia en celdas judiciales y el uso de recursos humanos tanto del Poder Judicial como de la Policía Penitenciaria.

A criterio del juez, el cambio implicará mayores costos para ambas instituciones y también demandará más tiempo de funcionarios penitenciarios que deberán acompañar los traslados y comparecer en algunos procesos.

Por su parte, el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, aseguró que la decisión también tendrá un fuerte impacto operativo. Explicó que los defensores deberán desplazarse hasta los centros penitenciarios para reunirse presencialmente con sus representados, lo que incrementará el gasto en combustible, viáticos y horas laborales.

Pérez indicó que la institución atiende cerca de 700 audiencias al año relacionadas con personas privadas de libertad, por lo que la nueva dinámica obligará a sacar funcionarios de las oficinas, afectando la atención de otros procesos judiciales y aumentando la mora.

El jerarca recordó además que la reducción presupuestaria que ha enfrentado el Poder Judicial impulsó precisamente el fortalecimiento de las audiencias virtuales como una herramienta para optimizar recursos, por lo que considera que eliminar este mecanismo representa un retroceso.

El Ministerio Público también expresó preocupación por las consecuencias de la medida. El fiscal adjunto de Ejecución de la Pena, Carlos Montenegro, advirtió que la decisión afectará la tramitación de los distintos incidentes que se conocen en esa jurisdicción y también tendrá repercusiones sobre el trabajo que realiza la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El Ministerio de Justicia anunció el lunes que pondrá fin al convenio argumentando que el Poder Judicial ha manifestado su preferencia por realizar audiencias presenciales y que la medida permitirá destinar a más oficiales penitenciarios a labores de seguridad dentro de los centros penales.

De acuerdo con datos de esa cartera, únicamente entre enero y junio de este año se efectuaron 2.416 audiencias virtuales, entre juzgados, tribunales, diligencias con defensores y otras actuaciones judiciales. Para garantizar esas sesiones fue necesario asignar 2.775 oficiales a labores de custodia y coordinación.

Ahora será el desarrollo de esta decisión el que determine si el sistema judicial logra absorber el impacto que, según las autoridades judiciales, podría traducirse en más gastos, mayor carga operativa y retrasos en la resolución de procesos.