Guerra entre poderes: Oficialismo anuncia querella contra cuatro magistrados de la Sala IV que tildan de golpistas

Nogui Acosta y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, endurecieron el discurso contra la Sala Constitucional y anunciaron acciones legales tras la polémica resolución sobre los magistrados suplentes.

El enfrentamiento entre el oficialismo y la Sala Constitucional continúa escalando. Luego de que la presidenta Laura Fernández calificara de "golpe de Estado" la decisión de prorrogar el nombramiento de magistrados suplentes, este viernes dos de las principales figuras de Pueblo Soberano anunciaron nuevas acciones y redoblaron las críticas contra el Poder Judicial.

El jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, aseguró que detrás de la resolución existen intereses que, según él, no responden al bienestar del país.

"Lo único que pretenden es proteger intereses de unos pocos en detrimento de todo el pueblo costarricense. Hoy el Poder Judicial está siendo consecuente con la defensa de esos intereses y no de los valores democráticos que el pueblo costarricense ha manifestado", expresó.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, afirmó que el Poder Judicial continúa deteriorando su imagen ante la ciudadanía y sostuvo que la resolución contradice lo establecido en la Constitución Política sobre el nombramiento de magistrados.

"El Poder Judicial está destruyendo aún más la pobre imagen que tiene hoy. El pueblo es testigo de la grosera violación del artículo 158 de la Constitución Política, que señala que los magistrados de la Corte Suprema serán elegidos por un período de ocho años, no por períodos antojadizos ni por prórrogas antojadizas establecidas por los magistrados golpistas", manifestó.

Jiménez añadió que ese mismo artículo atribuye a la Asamblea Legislativa la competencia para realizar esos nombramientos y no a la Sala Constitucional.

Como parte de la respuesta del oficialismo, la jerarca del Congreso anunció que el próximo lunes presentarán una querella por el presunto delito de prevaricato contra los magistrados de la Sala Constitucional Fernando Cruz Castro, Roberto Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, al considerar que incurrieron en una actuación contraria al ordenamiento jurídico.

Con este nuevo anuncio, el conflicto entre el Poder Ejecutivo, la bancada oficialista y la Sala Constitucional entra en una nueva etapa, marcada ahora por acciones legales contra los magistrados que respaldaron la cuestionada resolución.