Diputada oficialista denuncia a la contralora Marta Acosta ante el Ministerio Público

La acción busca que la Fiscalía investigue el supuesto uso ilegítimo de recursos públicos para la defensa personal de funcionarios de la Contraloría General de la República.

Redacción- La diputada Marta Esquivel, con el respaldo de la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó este lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, por el presunto delito de peculado de servicios y cualquier otro ilícito que pueda derivarse de los hechos denunciados.

Según informó la legisladora, la acción busca que la Fiscalía investigue el supuesto uso ilegítimo de recursos públicos para la defensa personal de funcionarios de la Contraloría General de la República.

De acuerdo con la denuncia, Acosta habría utilizado recursos humanos y servicios jurídicos de la institución para asumir la representación legal de funcionarios demandados de manera individual en un proceso judicial, lo que, de comprobarse, constituiría un uso indebido de recursos destinados al cumplimiento de las funciones institucionales.

El documento señala que la División Jurídica de la Contraloría tiene como función defender los intereses institucionales del órgano contralor, no brindar defensa legal a funcionarios en asuntos relacionados con responsabilidades personales.

Por ello, la denuncia solicita al Ministerio Público abrir una investigación para determinar si existió una desviación de servicios públicos en beneficio de terceros y establecer las eventuales responsabilidades penales.

"La fiscalización debe comenzar por quienes administran y vigilan los recursos públicos. Nadie puede estar por encima de la ley ni utilizar recursos del Estado para fines personales. Corresponde ahora al Ministerio Público investigar estos hechos con total objetividad y determinar las responsabilidades que correspondan", manifestó la diputada Marta Esquivel.

La legisladora pidió que se admita la denuncia, se inicie la investigación preparatoria y se practiquen las diligencias necesarias para determinar el grado de participación de las personas involucradas y una eventual afectación al erario público.