¿Casi ₡1.000 millones al mes? Diputada revela cuánto cuesta mantener las cuatro salas del Poder Judicial

La presidenta del Partido Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, aseguró que las cuatro salas del Poder Judicial representan un costo cercano a los ₡990 millones mensuales en salarios brutos y cargas patronales, e hizo un llamado a debatir si esa inversión se traduce en resultados para la ciudadanía.

La diputada y presidenta del Partido Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, abrió un nuevo debate sobre el gasto público al divulgar cifras que, según afirmó, muestran cuánto cuesta mantener las cuatro salas del Poder Judicial.

En un video publicado en sus redes sociales, la legisladora indicó que, con base en información oficial suministrada por la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, las salas Primera, Segunda, Tercera y Constitucional registraron durante febrero de 2026 un costo de ₡989.941.881 por concepto de salarios brutos y aportes patronales.

"Casi mil millones de colones al mes, es decir, casi dos millones de dólares mensuales", señaló Ortega.

La diputada explicó que esa cifra corresponde únicamente a las 22 oficinas de magistratura, el personal asignado a las presidencias de las salas y las estructuras compartidas, por lo que, según dijo, no contempla otros gastos operativos como combustible, mantenimiento de vehículos, seguros, infraestructura, servicios públicos y otros recursos.

Ortega planteó que la discusión no debe centrarse en cuestionar la independencia judicial, sino en exigir transparencia sobre el uso de los recursos públicos.

"La independencia judicial es esencial para la democracia. Esa no está en discusión. Pero independencia no significa ausencia de controles y la solicitud de rendición de cuentas jamás se debe tomar como un ataque al Poder Judicial", manifestó.

La legisladora también recordó que el presupuesto asignado al Poder Judicial para este 2026 asciende a ₡582.837 millones, y comparó esa cifra con otras inversiones públicas.

"Con ese presupuesto podríamos construir casi 40 áreas de salud como la que se inauguró este año en Naranjo de Alajuela", sostuvo.

Asimismo, cuestionó si el nivel de inversión que realiza el Estado se refleja en la rapidez con que se resuelven los procesos judiciales.

"Mientras se destinan miles de millones de colones anuales a estas estructuras, muchas personas continúan esperando durante años una sentencia o una solución a sus procesos", indicó.

Finalmente, Ortega aseguró que todas las instituciones públicas deben rendir cuentas sobre el uso de los recursos que reciben.

"Ninguna institución puede estar por encima del deber de explicar cómo utiliza el dinero de todos los costarricenses. No todo se soluciona queriendo más dinero", concluyó.