¿Adiós a la cárcel por no pagar pensión? Gobierno plantea un giro para los detenidos

La iniciativa permitiría que algunos deudores utilicen una tobillera electrónica y continúen trabajando para obtener los recursos necesarios y cancelar la obligación alimentaria.

Las personas detenidas por incumplir el pago de una pensión alimentaria podrían dejar de ser trasladadas automáticamente a un centro penitenciario si prospera una nueva propuesta presentada por el Gobierno de Costa Rica.

Se trata del proyecto de Ley de Monitoreo Electrónico por Apremio Corporal, una iniciativa que permitiría que ciertos deudores utilicen una tobillera electrónica durante el periodo de arresto ordenado por un juez.

La intención es que la persona pueda continuar trabajando o desarrollando alguna actividad económica, en lugar de permanecer recluida sin posibilidades de generar los recursos necesarios para ponerse al día con la pensión.

Según el planteamiento del Poder Ejecutivo, la medida busca proteger principalmente a las personas menores de edad y garantizar su derecho a recibir alimentos.

Actualmente, el apremio corporal permite ordenar la detención de quienes incumplen el pago de la obligación alimentaria. Con la reforma, el juez podría autorizar el monitoreo electrónico como una alternativa al encarcelamiento.

La propuesta establece una serie de exclusiones para impedir que personas consideradas de alto riesgo puedan acceder a esta modalidad.

No podrían utilizar tobillera electrónica quienes estén vinculados con delincuencia organizada, narcotráfico o legitimación de capitales.

También quedarían excluidas las personas relacionadas con delitos sexuales contra menores de edad, quienes tengan antecedentes relevantes de violencia doméstica o violencia contra las mujeres y aquellas que presenten un alto riesgo de fuga.

Tampoco podrían optar por el beneficio los deudores que no cuenten con un domicilio fijo en el cual las autoridades puedan realizar el seguimiento correspondiente.

El periodo de monitoreo electrónico sería equivalente al tiempo de apremio corporal establecido por el juez.

Durante ese plazo, la persona deberá mantener la tobillera en buen estado, abstenerse de modificarla o retirarla y comunicar inmediatamente cualquier desperfecto técnico.

El beneficio sería revocado automáticamente si el deudor deja de pagar la pensión durante más de un mes, daña el dispositivo o incumple las restricciones dictadas por la autoridad judicial.

En esos casos, el juez ordenaría su traslado inmediato al Sistema Penitenciario Nacional para que cumpla el periodo de apremio corporal bajo reclusión.

Incluso después de perder el beneficio, el deudor podría solicitar una modalidad especial que le permita salir únicamente para trabajar y regresar al centro penitenciario durante los horarios establecidos.

La propuesta forma parte de un paquete de reformas impulsado por el Gobierno para fortalecer la seguridad pública y mejorar la eficiencia del sistema judicial.

El proyecto todavía deberá ser conocido, discutido y aprobado por la Asamblea Legislativa antes de convertirse en ley, por lo que la utilización de tobilleras electrónicas para estos casos no comenzará de manera inmediata.