Se acabó la vagancia: Gobierno propone que los reos trabajen para pagar su comida y el daño a sus víctimas

La presidenta Laura Fernández presentó un proyecto de ley que obligaría a los privados de libertad a participar en actividades productivas. Parte del dinero que ganen se destinaría a costear su manutención en prisión, compensar a las víctimas y apoyar a sus familias.

Los privados de libertad podrían verse obligados a trabajar para contribuir con los gastos que generan al Estado y dejar de depender por completo de los impuestos que pagan los costarricenses.

Esa es la esencia del tercer proyecto de seguridad presentado este lunes por la presidenta Laura Fernández ante la Asamblea Legislativa, una iniciativa que busca transformar el sistema penitenciario bajo una premisa clara: quien esté en prisión deberá aportar mediante trabajo productivo.

La mandataria aseguró que el país está cansado de financiar con recursos públicos a personas que cumplen condenas sin realizar ninguna actividad que contribuya a la sociedad.

"Nuestro país está cansado de consentir vagabunderías y alcahueterías en los centros penitenciarios", afirmó durante la presentación del proyecto.

Según datos citados por el Gobierno, mantener a una persona privada de libertad cuesta cerca de 1.000 dólares mensuales, una cifra que incluso supera el salario base de muchos trabajadores costarricenses.

La propuesta establece que para acceder a beneficios penitenciarios y rebajas de pena, los privados de libertad deberán participar obligatoriamente en actividades productivas dentro del sistema carcelario.

Además, el dinero que generen tendría una distribución específica.

Un 35% sería destinado al sistema penitenciario para ayudar a cubrir los gastos de alimentación y manutención de los propios reclusos.

Otro 35% se entregaría a las víctimas o a sus familias como una forma de reparación económica por los daños ocasionados por los delitos cometidos.

Un 20% se utilizaría para apoyar a las familias de los privados de libertad, incluyendo hijos, esposas, madres u otros dependientes que se hayan visto afectados por el encarcelamiento.

Finalmente, un 10% sería depositado en un fondo de ahorro personal para que el privado de libertad cuente con recursos económicos al recuperar su libertad y tenga una herramienta para reinsertarse en la sociedad.

Fernández defendió la iniciativa asegurando que busca reducir el ocio dentro de las cárceles y combatir la reincidencia criminal.

"No queremos más vagos en la cárcel", afirmó la presidenta.

La propuesta forma parte del paquete de reformas de seguridad impulsado por el Gobierno y ahora deberá ser discutida por los diputados, quienes tendrán la última palabra sobre si los privados de libertad deberán trabajar para contribuir con su manutención y con la reparación de los daños causados a las víctimas.

Laura Fernández presentó un proyecto para que los reos trabajen mientras cumplen condena. El dinero serviría para pagar su manutención en prisión, ayudar a las víctimas, apoyar a sus familias y crear un fondo de ahorro para su reinserción.