Sacan de comunidad herediana a dos vendedores de droga con amplio expediente criminal

La Policía de Control de Drogas allanó dos viviendas en San Joaquín de Flores y desarticuló puntos de venta de crack, cocaína y marihuana que operaban de forma independiente.

Redacción- La lucha contra el narcomenudeo en las comunidades heredianas permitió este jueves la captura de dos hombres sospechosos de dedicarse a la venta de drogas en la Urbanización 2000, en San Joaquín de Flores.

Los operativos fueron ejecutados por la Policía de Control de Drogas (PCD), que realizó dos allanamientos simultáneos como parte de las acciones para combatir este tipo de actividad ilícita, considerada una de las principales generadoras de delitos como robos, hurtos, disputas territoriales y hechos violentos.

En el primer inmueble intervenido, los agentes detuvieron a un hombre de apellido Masís, de 36 años.

Según las autoridades, el sospechoso registra antecedentes judiciales por hurto, agresión psicológica, asalto, infracción a la Ley de Violencia Contra la Mujer, robo simple y robo agravado.

Además, acumula 20 partes policiales relacionados con tenencia de drogas.

En un segundo allanamiento, realizado en otra vivienda de la misma comunidad, fue arrestado un hombre de apellido Quirós, de 20 años.

De acuerdo con la información policial, el joven había sido intervenido en tres ocasiones por tenencia de drogas y también registra un decomiso previo de arma de fuego, además de una infracción por alteración de señas y marcas.

Durante las inspecciones, los oficiales decomisaron dosis de crack, marihuana y cocaína, así como dinero en efectivo y diversos implementos utilizados para la preparación y distribución de estupefacientes.

Los trabajos contaron con el apoyo de la Fuerza Pública y de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades relacionadas con el narcotráfico mediante la línea confidencial y gratuita 1-1-7-6.

Los detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, donde enfrentarán una causa por el presunto delito de venta de drogas.

Este delito contempla penas que oscilan entre los ocho y los quince años de prisión, según la legislación costarricense.