Ministro de Justicia denuncia a Carlo Díaz y 32 fiscales
La denuncia fue presentada por el delito de incumplimiento de deberes
La denuncia fue presentada por el delito de incumplimiento de deberes
Redacción- El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, presentó una denuncia penal contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, y otros 32 fiscales del Ministerio Público por el aparente delito de incumplimiento de deberes.
La acción fue anunciada este martes por el jerarca, quien aseguró que la gestión busca que se investigue el manejo de casos relacionados con personas privadas de libertad que, según sostiene, continúan coordinando actividades criminales desde centros penitenciarios del país.
“Aquí está la denuncia ya presentada. Esperemos que esto avance de manera objetiva, como se tiene que regir el Ministerio Público. Aquí están los 33 fiscales denunciados, entre esos el Fiscal General de la República”, manifestó Aguilar.
El ministro señaló que la denuncia responde a una preocupación por la continuidad de actividades ilícitas presuntamente dirigidas desde las cárceles, entre ellas homicidios por encargo, robos, estafas y operaciones de bandas criminales.
“Es que la gente ya está cansada, la gente ya está harta de que se sigan girando órdenes al interno de los centros penales para que cometan sicariatos, para que sigan cometiendo robos, para que sigan operando bandas criminales, para que sigan estafando gente”, afirmó.
Aguilar aseguró que esta acción forma parte de la política impulsada desde su llegada al Ministerio de Justicia y Paz y responde a los lineamientos establecidos por la presidenta de la República.
“Eso es parte de la política de mi toma de posesión como Ministro de Justicia y de las directrices de la línea que me generó la señora Presidenta de la República y a quien yo tengo que obedecer”, agregó.
Por el momento, el Ministerio Público no se ha pronunciado sobre la denuncia presentada por el jerarca. Corresponderá ahora a las instancias competentes determinar si la gestión reúne los requisitos para abrir una investigación formal contra los funcionarios señalados.
