Mientras miles sufren cortes, AyA deja perder más de la mitad del agua que produce dice la Defensoría

La Defensoría de los Habitantes encendió las alarmas al revelar que entre el 53% y el 58% del agua producida en la Gran Área Metropolitana no llega a convertirse en consumo facturado. El informe advierte que esta situación pone en riesgo la sostenibilidad del servicio y podría terminar afectando el bolsillo de los usuarios.

La preocupación de miles de familias por los constantes problemas en el suministro de agua potable encuentra ahora un nuevo motivo de inquietud.

Una investigación de la Defensoría de los Habitantes concluyó que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) mantiene niveles persistentemente altos de agua no contabilizada, es decir, agua que se produce, pero que se pierde antes de ser facturada debido a fugas, errores de medición, conexiones irregulares y otros problemas operativos.

El estudio determinó que durante el período comprendido entre 2019 y 2023, la Gran Área Metropolitana registró pérdidas de entre el 53% y el 58% del agua producida.

En otras palabras, de cada 100 litros que genera el sistema, hasta 58 nunca llegan a representar ingresos para el operador. El porcentaje más alto se registró en 2022 con un 58%, mientras que en 2023 la cifra se ubicó en un 56%.

La Defensoría señala que esta situación representa un serio problema estructural, ya que esa agua requiere inversiones en captación, tratamiento, bombeo, distribución y mantenimiento, pero finalmente se pierde sin generar recursos para sostener el servicio.

Esto, según el informe, afecta la eficiencia operativa, la sostenibilidad financiera del AyA y la calidad del servicio que reciben los usuarios.

Otro aspecto que preocupa al órgano defensor es el rezago en el reconocimiento de inversiones para infraestructura dentro de las tarifas de agua potable y saneamiento.

La investigación indica que desde 2019 no se reconocen inversiones de proyectos en la tarifa de agua potable y que, en saneamiento, esa situación se mantiene desde 2018.

Además, advierte que la ausencia de ajustes tarifarios graduales podría generar incrementos de hasta un 182%, producto del atraso acumulado en el reconocimiento de costos e inversiones.

Ante este panorama, la Defensoría recomendó abrir una investigación para determinar las causas de los atrasos en proyectos de inversión, las diferencias detectadas en los costos de las obras, las inconsistencias en la ejecución de los proyectos y las razones por las que el Programa de Recuperación de Agua No Contabilizada no ha logrado los resultados esperados.

También solicitó al Ministerio de Hacienda actualizar la valoración de la capacidad de pago futura del AyA, con el fin de fortalecer la sostenibilidad del servicio y proteger el derecho de la población al acceso al agua potable.