Frenan destrucción ambiental e invasión en propiedad estatal de alta importancia para la conservación

El operativo dejó un hombre detenido por múltiples delitos ambientales y el decomiso de maquinaria

Redacción- En un fuerte golpe contra la delincuencia ambiental, la Fiscalía Agrario Ambiental con sede en Limón dirigió un operativo que logró frenar la destrucción ecológica dentro de una propiedad estatal de alta importancia para la conservación, ubicada en el sector de La Guaria, en Puerto Viejo de Sarapiquí.

La intervención judicial y policial se ejecutó tras documentar un patrón continuo de daños ambientales en la zona, el cual inició a finales del año 2023.

Durante la diligencia, las autoridades ordenaron el decomiso inmediato de una retroexcavadora. Según los informes oficiales, la maquinaria pesada se introdujo de forma ilícita para la apertura de trochas y caminos en terrenos con vocación puramente forestal.

En el sitio, oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) detuvieron a un hombre de apellido Ugalde. Al sospechoso se le vincula directamente con actividades de:

Usurpación de terrenos del EstadoTala ilegal de árbolesApertura de vías terrestres sin autorizaciónCambio de uso de sueloComo medida cautelar para asegurar el avance del caso, el Juzgado Penal de Limón ordenó al imputado la prohibición absoluta de molestar, perturbar o acercarse a los testigos de la causa.

La propiedad afectada se encuentra bajo la administración del Área de Conservación Tortuguero (ACTo) del SINAC. Pese a que Sarapiquí pertenece geográficamente a la provincia de Heredia, la administración de este bloque territorial y las acciones legales corresponden a las autoridades del Caribe debido a la distribución de las áreas silvestres protegidas.

Los informes técnicos detallan que los invasores ingresaron de manera irregular para construir ranchos, eliminar la cobertura boscosa y establecer actividades totalmente incompatibles con los programas estatales de conservación. La zona afectada posee un alto valor ecológico al funcionar como cuenca hidrográfica y corredor biológico para múltiples especies.

Los imputados por este tipo de delitos ambientales se enfrentan a un panorama judicial complejo bajo la Ley Forestal N° 7575 y la Ley de Biodiversidad de Costa Rica. Las penas tipificadas para estas conductas incluyen:

Prisión de 1 a 3 años por la tala ilegal en terrenos del patrimonio natural del Estado.Prisión de 1 a 3 años por el cambio de uso de suelo no autorizado.Prisión de 3 meses a 3 años por la invasión y usurpación de áreas protegidas.Pérdida total del equipo, ya que la ley faculta el decomiso definitivo de la maquinaria empleada en el daño ecológico.La Fiscalía reafirmó su compromiso de perseguir con severidad penal cualquier conducta que atente contra los bosques y los recursos naturales del país. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que pueden denunciar estos actos de forma anónima a través de la línea telefónica 1192 o mediante la plataforma digital SITADA del MINAE.