Laura Fernández sacude al Poder Judicial: exige freno a liberaciones y denuncia persecución política

La presidenta Laura Fernández salió de la reunión con el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, anunciando acuerdos en temas de seguridad, vigilancia sobre jueces de ejecución y trabajo conjunto con OIJ y Fiscalía, aunque admitió fuertes desacuerdos en temas políticos y reformas estructurales.

Redacción- La presidenta de la República, Laura Fernández, aseguró este lunes que la reunión sostenida con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, dejó acuerdos concretos para reforzar la lucha contra la inseguridad, aunque también evidenció profundas diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Fernández afirmó que llegó al encuentro con un mensaje claro sobre el malestar ciudadano hacia el Poder Judicial, señalando desde supuestas “pifias” en decisiones judiciales hasta cuestionamientos sobre politización y presunta persecución contra funcionarios del Gobierno.

“Yo le planteé cómo se siente el pueblo de Costa Rica, incluyéndome a mí, con el trabajo del Poder Judicial”, afirmó la mandataria.

Uno de los puntos más sensibles fue el manejo presupuestario. Según Fernández, si se aplicara estrictamente el mandato constitucional, al Poder Judicial le corresponderían ¢474.991 millones, pero actualmente recibe ¢532.837 millones, es decir, unos ¢57.800 millones adicionales.

Además, cuestionó una subejecución presupuestaria cercana a los ¢63.000 millones durante el año anterior.

Sin embargo, el tema más caliente giró en torno a los jueces de ejecución de la pena y decisiones que, según el Ejecutivo, terminan beneficiando a delincuentes de alta peligrosidad.

Fernández anunció que se establecerá un canal directo de comunicación entre Fiscalía y el Ejecutivo para alertar sobre modificaciones en medidas penitenciarias o reducciones de condena en casos sensibles.

La presidenta incluso puso como ejemplo a sicarios o personas con expedientes judiciales de alto riesgo que eventualmente podrían recibir beneficios penitenciarios antes de tiempo.

Otro acuerdo relevante fue reforzar los controles internos para evitar infiltración del narcotráfico dentro del Poder Judicial, en medio del impacto que aún genera el caso del exmagistrado Celso Gamboa.

Según Fernández, también se abrió la discusión sobre incorporar pruebas de polígrafo para altos funcionarios judiciales expuestos a casos de crimen organizado, tomando como referencia agencias estadounidenses como la DEA, FBI y CIA.

En materia de seguridad nacional, la reunión dejó otro anuncio importante: Fiscalía y OIJ se integrarán a mesas de trabajo con el ministro de Seguridad, Gerald Campos, para coordinar operativos y estrategias frente a la crisis de criminalidad.

Fernández reconoció que no logró respaldo para su petición de que el Poder Judicial no bloquee el paquete de reformas legales que el Gobierno presentará en junio, incluyendo cambios al Código Penal, Código Procesal Penal y normas de ejecución de la pena.

Tampoco hubo acuerdo en el señalamiento del Ejecutivo sobre una supuesta persecución política desde el sistema judicial hacia integrantes del Gobierno.

Pese a eso, la mandataria insistió en que no fue una reunión simbólica.

“Yo soy enemiga de las reuniones de tomar café y repartir galletas”, lanzó.