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Alertan de retroceso en derechos humanos dentro de cárceles de Costa Rica

Informe advierte riesgos de malos tratos, hacinamiento extremo y restricciones que “rozan estándares internacionales” en centros penitenciarios

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Alertan de retroceso en derechos humanos dentro de cárceles de Costa Rica
Alertan de retroceso en derechos humanos dentro de cárceles de Costa Rica. Photo: AM Prensa.

Informe advierte riesgos de malos tratos, hacinamiento extremo y restricciones que “rozan estándares internacionales” en centros penitenciarios

Redacción- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) lanzó una fuerte alerta sobre un posible retroceso en materia de derechos humanos dentro del sistema penitenciario costarricense, advirtiendo que el endurecimiento de ciertas medidas podría aumentar el riesgo de malos tratos en cárceles y centros de detención.

Así lo señala el Informe Anual de Labores 2025 del MNPT, divulgado este 22 de mayo, en el que se cuestionan prácticas y condiciones detectadas tanto en centros penitenciarios como en delegaciones policiales y espacios de detención migratoria.

Según el informe, existe una tendencia hacia medidas que “priorizan la restricción sobre la dignidad humana”, situación que podría desencadenar afectaciones graves a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Alertan sobre “entorno torturante” en Circuito de Alta ContenciónUno de los principales señalamientos del informe se centra en el denominado Circuito de Alta Contención, donde el MNPT asegura que la acumulación de restricciones podría configurar condiciones incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos.

Entre las medidas cuestionadas se encuentran la suspensión total de educación y actividades laborales, limitaciones al vínculo familiar y restricciones alimentarias.

“El MNPT advierte que la severidad acumulada de las restricciones del Circuito de Alta Contención (...) denota un riesgo de que se conformen como un entorno torturante”, señala el documento.

Además, el organismo advirtió que este modelo convierte las cárceles en espacios meramente de contención, debilitando los procesos de resocialización y aumentando el riesgo de reincidencia.

Hacinamiento alcanza niveles críticosEl informe también revela un panorama crítico de hacinamiento en las cárceles del país.

Con corte al 28 de febrero de 2026, Costa Rica registraba 19.453 personas privadas de libertad, con una sobrepoblación general del 46,4%.

Algunos centros penitenciarios alcanzan hasta un 134% de sobrepoblación, mientras que el Centro de Atención Institucional para mujeres reporta un 40%.

Otro dato que preocupa al MNPT es que 5.034 personas permanecen detenidas sin condena en firme, lo que significa que una de cada cuatro personas privadas de libertad se encuentra en condición de indiciada.

Señalan deficiencias en Fuerza Pública, policías municipales y OIJEl informe también documenta hallazgos en centros de detención temporal administrados por la Fuerza Pública, policías municipales y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En el caso de la Fuerza Pública, se reportaron deficiencias de infraestructura y casos de personas detenidas hasta por 14 horas.

Sobre las policías municipales, el mecanismo señaló la necesidad de fortalecer la capacitación en derechos humanos, regular el uso de medios de coerción y mejorar los registros documentales.

Mientras tanto, en delegaciones del OIJ se detectaron diferencias importantes en infraestructura y esperas superiores a 24 horas para personas a quienes ya se les había ordenado monitoreo electrónico.

También cuestionan gestión migratoria en CATEMEl MNPT además alertó sobre la situación en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM), donde durante 2025 se documentó una “privación de libertad de facto” para personas deportadas desde Estados Unidos.

Según el organismo, esto prolongó un “encadenamiento internacional de vulneraciones” y provocó afectaciones psicosociales en las personas migrantes.

En total, el MNPT emitió 127 recomendaciones dirigidas a distintas autoridades, relacionadas con infraestructura, derechos humanos, condiciones de detención y supervisión institucional.

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