OIJ inicia análisis de celulares y computadoras de Carlos Alvarado por caso UPAD

Revisión forense se realiza tras años de disputas legales sobre el alcance del proceso, según confirmó la defensa del expresidente

Redacción- El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició el análisis del contenido de los dispositivos electrónicos del expresidente Carlos Alvarado Quesada, en el marco de la investigación por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), en el que se indaga una supuesta violación de datos privados de los habitantes.

De acuerdo con información publicada por La Nación, los equipos bajo revisión incluyen teléfonos celulares y computadoras que fueron decomisados como parte del proceso judicial.

Los abogados del exmandatario, Rodolfo Brenes y Roger Guevara, explicaron que este procedimiento no es reciente, sino que se ha desarrollado en distintas etapas a lo largo de varios años.

Según detallaron —citado por La Nación—, en una primera fase realizada en enero de 2021 se llevó a cabo la apertura de los dispositivos, momento en el cual se generaron imágenes forenses de los discos, es decir, copias íntegras de su contenido para resguardo y posterior análisis técnico.

En ese momento no se examinó la información almacenada. Tal como explicó en su momento la entonces fiscala general Emilia Navas —también citada por La Nación— ninguna de las partes tendría acceso a los datos hasta que se iniciara formalmente su análisis.

El proceso de revisión se mantuvo detenido durante varios años debido a diferencias entre la defensa del expresidente y el Ministerio Público, principalmente sobre el alcance del análisis: si debía abarcar la totalidad del contenido de los dispositivos o solo una parte específica.

De acuerdo con La Nación, una vez resueltas estas disputas, se establecieron criterios y parámetros de búsqueda que permiten ahora al OIJ avanzar con el análisis mediante herramientas de software forense.

Además del procesamiento digital, en esta etapa se contempla una revisión manual de archivos que no pueden ser clasificados automáticamente, como audios, fotografías y videos, lo que implica un estudio detallado caso por caso.

La defensa del exmandatario señaló —según consignó La Nación— que estos procedimientos responden a diversas resoluciones judiciales emitidas a lo largo del tiempo, producto de distintos recursos y gestiones presentadas.

Asimismo, reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades “dentro del marco del debido proceso y la legalidad”, al sostener que no se ha cometido delito alguno.

El caso se remonta a febrero del 2020, cuando la Fiscalía ordenó un histórico allanamiento en Casa Presidencial tras la creación de la UPAD, una unidad adscrita a la Presidencia que generó controversia por el posible acceso a información confidencial de los ciudadanos.

Según recordó La Nación, la investigación surgió luego de la publicación del decreto ejecutivo Nº 41996-MP-MIDEPLAN, el cual establecía que esta unidad podía acceder a datos de instituciones públicas, incluso de carácter confidencial, cuando fuera requerido.

Días después, el decreto fue derogado mediante otra disposición ejecutiva, en medio de cuestionamientos públicos y legales.

Actualmente, la Fiscalía investiga a Alvarado por presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, mientras el análisis de los dispositivos se perfila como una etapa clave para el avance del caso.