El Salvador inicia megajuicio contra casi 500 pandilleros por 86 asesinatos

El proceso judicial, considerado uno de los más grandes en la historia del país, se desarrolla bajo el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele y ha generado críticas internacionales por presuntas limitaciones al debido proceso.

Redacción- En El Salvador comenzó esta semana un megajuicio contra 486 presuntos integrantes de la pandilla MS-13, vinculados a una serie de asesinatos ocurridos durante el violento fin de semana de marzo de 2022, hecho que marcó un punto de inflexión en la política de seguridad del presidente Nayib Bukele.

El proceso se desarrolla bajo un nuevo modelo penal impulsado tras reformas al Código Penal aprobadas en 2023, en el marco del régimen de excepción vigente desde hace cuatro años. Esta medida ha permitido la suspensión de varias garantías constitucionales como parte de la estrategia gubernamental contra las pandillas.

De acuerdo con la Fiscalía General, los acusados enfrentan cargos relacionados con más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo homicidios, extorsiones y desapariciones. Entre los hechos más graves se encuentran 86 asesinatos registrados entre el 25 y el 27 de marzo de 2022.

El proceso judicial se desarrolla bajo la modalidad de macroaudiencias, en las que los imputados participan de forma remota. De los 486 acusados, 413 permanecen detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), mientras que 73 continúan prófugos y serán juzgados en ausencia.

El llamado “fin de semana sangriento” de marzo de 2022 registró una escalada de violencia sin precedentes recientes en el país, con 62 homicidios en un solo día, lo que llevó al Gobierno a decretar el régimen de excepción con aprobación legislativa.

Desde su implementación, las autoridades salvadoreñas han reportado más de 91.000 detenciones relacionadas con estructuras criminales. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre posibles abusos, falta de garantías procesales y muertes bajo custodia estatal.

El juicio también ha generado críticas internacionales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han cuestionado la ausencia de defensa individualizada y el acceso limitado a un debido proceso, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado preocupación por la prolongación del régimen de excepción.

A pesar de las críticas, el Gobierno mantiene un amplio respaldo ciudadano, destacando una reducción significativa de los homicidios en los últimos años. El caso continúa en desarrollo y se prevé que el proceso judicial se extienda durante un periodo aún no definido.