Diputados tienen sólo 16 días para resolver caso contra Fabricio Alvarado por acoso sexual

La Asamblea Legislativa enfrenta un plazo ajustado para votar el informe sobre la investigación por presunto acoso sexual contra el diputado de Nueva República.

Redacción- La Asamblea Legislativa de Costa Rica enfrenta un plazo de 16 días hábiles para resolver el caso contra el diputado Fabricio Alvarado, investigado por presunto acoso sexual tras una denuncia presentada por la exdiputada Marulin Azofeifa.

El tiempo empezará a correr tras el receso de Semana Santa, y el informe final deberá votarse antes del 30 de abril, cuando concluye el periodo legislativo.

En la práctica, el margen es reducido debido a que el Plenario sesiona solo de lunes a jueves, lo que limita el avance del proceso. Esta situación ha generado preocupación entre las partes involucradas, especialmente por los retrasos acumulados en etapas previas de la investigación.

La defensa de Azofeifa, encabezada por David Delgado y Carolina Hidalgo, advirtió que el tiempo disponible podría no ser suficiente para concluir el caso. Según señalaron, existe un riesgo real de que el proceso no se resuelva antes de la salida del diputado del cargo, lo que podría impedir una sanción en la vía legislativa.

Antes de llegar al Plenario, la comisión investigadora debe emitir un informe en un plazo máximo de dos meses, que vence a mediados de abril. Esto obliga a acelerar audiencias, análisis de pruebas y redacción de conclusiones en pocos días, mientras se desarrollan comparecencias clave con testigos del caso.

En paralelo, Fabricio Alvarado intentó frenar el proceso legislativo alegando que los hechos ya estaban siendo investigados en la vía penal. No obstante, un criterio técnico determinó que ambas instancias pueden avanzar de forma independiente, ya que cumplen funciones distintas.

Además del proceso en el Congreso, el caso también es investigado por la Fiscalía General de la República de Costa Rica por un presunto delito de abuso sexual. Así, la resolución del caso se convierte en una prueba clave para la Asamblea Legislativa, tanto por los plazos ajustados como por la aplicación del reglamento contra el hostigamiento sexual aprobado en 2021.