El argumento legal que evitó que “Macho Coca” fuera extraditado a EE.UU. y ahora provoca dudas e indignación

Un juez bloqueó la entrega del supuesto líder narco a la justicia estadounidense al considerar que los hechos investigados ocurrieron antes de la reforma constitucional que permite extraditar costarricenses.

Cuando todo parecía encaminado para que uno de los nombres más vinculados a investigaciones por narcotráfico enfrentara cargos en Estados Unidos, una decisión judicial cambió el rumbo del caso.

Un tribunal concluyó que la solicitud de extradición contra Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, no puede prosperar por una razón estrictamente legal que hoy genera fuerte debate.

El principal argumento que utilizó el juez para impedir la extradición del empresario fue el principio de irretroactividad de la ley.

Según la resolución, los hechos por los que es requerido por las autoridades estadounidenses habrían ocurrido entre marzo de 2022 y agosto de 2023, es decir, antes de que entrara en vigor la reforma constitucional que permite extraditar a ciudadanos costarricenses.

Esa modificación al artículo 32 de la Constitución Política comenzó a regir el 28 de mayo de 2025. Por lo tanto, el tribunal concluyó que no puede aplicarse a hechos anteriores, ya que hacerlo implicaría dar efecto retroactivo a una norma que podría perjudicar los derechos de la persona investigada.

La defensa del sospechoso sostuvo precisamente ese argumento durante el proceso: que aplicar la reforma a hechos anteriores violaría garantías constitucionales y situaciones jurídicas consolidadas.

El juez Jorge Arturo Sequeira Rodríguez acogió esa tesis y determinó que la reforma constitucional solo puede utilizarse para delitos cometidos después de su entrada en vigencia.

En la resolución también se analizó si los delitos relacionados con narcotráfico podían considerarse conductas continuas o permanentes en el tiempo, lo que habría permitido aplicar la nueva normativa. Sin embargo, el tribunal concluyó que en este caso los hechos descritos por la acusación ocurrieron antes de la reforma.

La solicitud de extradición provenía del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde Bell Fernández es señalado como parte de una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína.

Según la acusación estadounidense, el costarricense habría actuado como líder de una organización que coordinaba el envío de grandes cargamentos de droga hacia Estados Unidos.

En el expediente incluso se menciona la negociación para enviar hasta 700 kilogramos de cocaína.

Tras rechazar la extradición, el tribunal dejó sin efecto la detención cautelar relacionada con ese proceso, canceló la orden de captura vinculada a la solicitud internacional y ordenó devolver el pasaporte al imputado.

No obstante, el fallo también establece que los hechos deben investigarse y juzgarse en Costa Rica conforme a la legislación nacional.

Bell Fernández ya se encontraba en prisión preventiva desde octubre de 2024 por otra causa conocida como el caso PetroCoke, en el que se le vincula como presunto cabecilla de una red dedicada al robo de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo.

La decisión judicial ha generado cuestionamientos y fuertes reacciones, especialmente porque la extradición de nacionales fue aprobada precisamente para enfrentar con mayor fuerza el narcotráfico internacional.

Ahora, el caso vuelve a poner sobre la mesa un tema que muchos creían resuelto: hasta dónde llega realmente la nueva herramienta legal contra el crimen organizado y por qué, en algunos casos, aún no puede aplicarse.