Defensoría se opone a aumentos en tarifas de buses por inconsistencias y alzas de hasta 300%

Redacción- La Defensoría de los Habitantes presentó una oposición técnica ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos contra tres solicitudes de aumento tarifario en rutas de transporte público, al considerar que las propuestas contienen fallas graves y afectarían directamente a las personas usuarias.

Las rutas involucradas son San José–Hatillo (Ruta 90), San José–Alajuelita y ramales (Ruta 94), y Upala–San José de Upala–Santa Cecilia (Ruta 514).

Señalan aumentos desproporcionadosUno de los principales cuestionamientos de la Defensoría apunta al impacto económico que tendrían los ajustes solicitados.

Según el análisis, en la ruta 514, que conecta Upala, se plantean incrementos que superan el 300% en algunos tramos. En tanto, en la ruta 90, que comunica San José con Hatillo y Alajuelita, se proponen aumentos de hasta un 29%, lo que equivale a alzas de ₡90 y ₡65 por viaje.

La institución advierte que estos incrementos carecen de estudios socioeconómicos que los respalden y podrían convertirse en una barrera para el acceso a servicios básicos como empleo, salud y educación, especialmente para poblaciones vulnerables.

Detectan datos inconsistentes e irrealesOtro de los puntos críticos señalados por la Defensoría es la calidad de la información presentada por las empresas operadoras.

En el caso de la ruta 94, se identificaron registros donde se reportan viajes realizados sin pasajeros, así como caídas atípicas en la frecuencia del servicio.

Además, al comparar datos de las rutas 90 y 514 con los registros oficiales de ARESEP, se evidencian diferencias significativas que apuntan a una posible subestimación de la demanda real.

Riesgo para el principio de servicio al costoLa Defensoría también alertó sobre una posible afectación al principio de “servicio al costo”, que rige la fijación tarifaria en el transporte público.

Según explicó la entidad, inconsistencias como subregistros de pasajeros u omisión de ramales activos podrían inflar artificialmente el costo por usuario, trasladando ese impacto directamente a la tarifa final.

En ese sentido, enfatizaron que las personas usuarias no deben asumir los efectos de errores administrativos o deficiencias en los datos presentados por los operadores.

Llamado a revisión técnicaLa institución concluyó que aprobar estos aumentos sin una revisión exhaustiva de la información representaría un perjuicio para los derechos económicos y sociales de la población.

Por ello, instó a ARESEP a basar cualquier decisión en datos verificados y estudios técnicos sólidos, garantizando tarifas justas y accesibles para toda la ciudadanía.