Bancos deberán responder por dinero robado en fraudes electrónicos: nueva ley a un paso de entrar a regir

La Asamblea Legislativa aprobó una normativa que obligará a las entidades financieras a responder por el dinero sustraído de cuentas bancarias mediante fraudes. Solo falta la firma del presidente para que entre en vigencia.

Costa Rica está a punto de cambiar las reglas en los casos de fraudes electrónicos. La Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que establece que los bancos y otras entidades financieras deberán asumir la responsabilidad por el dinero que sea sustraído de las cuentas de los clientes.

La iniciativa, que ahora solo espera la firma del presidente de la República para convertirse oficialmente en ley, busca reforzar la protección de los usuarios frente al creciente número de estafas digitales.

La normativa establece que, si se demuestra que el dinero fue retirado de una cuenta bajo custodia de una entidad financiera, el banco deberá responder por los daños y perjuicios ocasionados, incluso cuando el fraude haya sido cometido por un tercero no autorizado.

La propuesta introduce el principio de responsabilidad objetiva para las entidades financieras. Esto significa que, en términos generales, el banco será responsable por la pérdida del dinero, independientemente del mecanismo utilizado para cometer el fraude.

La legislación también contempla algunas excepciones específicas en las que el banco podría quedar exento de responsabilidad.

Una de ellas es cuando se logre demostrar que se trató de un autofraude, es decir, cuando el propio cliente participó en la operación fraudulenta.

Otra excepción se aplicará cuando la entidad financiera pueda probar que cumple con los estándares de ciberseguridad establecidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y que el hecho ocurrió sin que exista responsabilidad directa del banco.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley es que modifica la carga de la prueba en este tipo de procesos.

En lugar de que sea el cliente quien tenga que demostrar que el banco falló en la protección de su cuenta, será la entidad financiera la que deberá probar que no tuvo responsabilidad o que el caso se encuentra dentro de las excepciones establecidas.

Además, las instituciones financieras deberán implementar mecanismos más ágiles para la devolución de los montos retenidos cuando existan indicios claros de fraude.

La aprobación de esta normativa surge en medio de la creciente preocupación por el aumento de estafas electrónicas en el país, un fenómeno que en los últimos años ha afectado a miles de personas y ha generado pérdidas millonarias.