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title: "Asociación Bancaria alza la voz contra nueva ley sobre fraudes: advierten “errores graves”"
description: "La Asociación Bancaria Costarricense cuestiona el texto aprobado por los diputados y advierte que la normativa podría generar confusión entre los usuarios y..."
date: 2026-03-04T20:07:22.953Z
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author: "Adrián Meza Granados"
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publisher: AM Prensa (Cartago, Costa Rica)
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# Asociación Bancaria alza la voz contra nueva ley sobre fraudes: advierten “errores graves”

*La Asociación Bancaria Costarricense cuestiona el texto aprobado por los diputados y advierte que la normativa podría generar confusión entre los usuarios y...*

National · March 4, 2026, 14:07 · Adrián Meza Granados

## In 3 points

- La Asociación Bancaria Costarricense cuestiona el texto aprobado por los diputados y advierte que la normativa podría generar confusión entre los usuarios y retrasos en la resolución de los casos.
- La reciente aprobación de la ley que busca obligar a los bancos a responder por fraudes electrónicos ya generó una fuerte reacción del sector financiero.
- La discusión sobre esta normativa se intensifica justo cuando el proyecto se encuentra a la espera de la firma del presidente de la República para convertirse oficialmente en ley.

La Asociación Bancaria Costarricense cuestiona el texto aprobado por los diputados y advierte que la normativa podría generar confusión entre los usuarios y retrasos en la resolución de los casos.

La reciente aprobación de la ley que busca obligar a los bancos a responder por fraudes electrónicos ya generó una fuerte reacción del sector financiero. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) expresó su rechazo al texto aprobado por los diputados y advirtió que la normativa contiene “graves errores” que podrían provocar inseguridad jurídica.

Según la organización, el proyecto tramitado bajo el expediente 23.908 ha generado una percepción equivocada entre la población, particularmente la idea de que las entidades financieras deberán devolver automáticamente el dinero en todos los casos de fraude.

La ABC insiste en que el propio texto de la ley establece que cada reclamo deberá ser analizado caso por caso. Para ello, las entidades financieras deberán investigar lo ocurrido y emitir una resolución sobre si procede o no la devolución del dinero.

Ese análisis, además, deberá ser revisado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Si la persona afectada no está de acuerdo con el resultado, podrá llevar el caso a la vía judicial.

Casos en los que el banco no tendría que devolver el dinero

La Asociación también recordó que la normativa contempla escenarios en los que los bancos no estarían obligados a restituir los fondos.

Entre esos casos se incluye cuando la SUGEF valide el análisis realizado por la entidad financiera, cuando exista autofraude, dolo por parte del usuario o cuando la transacción se haya realizado entre cuentas del mismo titular.

Asimismo, el texto contempla otras eximentes establecidas en la legislación que podrían liberar de responsabilidad a las entidades financieras.

Otro de los cuestionamientos de la organización es que la ley aprobada solo se aplica a operaciones relacionadas con cuentas bancarias y no incluye transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito.

Para la Asociación Bancaria Costarricense, esta limitación demuestra que la normativa no aborda todas las formas en las que el crimen organizado realiza estafas financieras en la actualidad.

El gremio también respalda observaciones hechas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, que había advertido problemas de diseño jurídico y operativos dentro del proyecto.

Entre las preocupaciones señaladas está el plazo de diez días hábiles que establece la ley para analizar y validar los casos de fraude, un periodo que podría resultar insuficiente en la práctica.

Según la ABC, si estos problemas no se corrigen, muchos casos podrían terminar trasladándose a procesos judiciales o penales, lo que provocaría retrasos en la resolución de los reclamos.

El sector bancario advierte que esto podría generar mayores costos para el Poder Judicial y, paradójicamente, más incertidumbre para las propias víctimas de fraude.

La discusión sobre esta normativa se intensifica justo cuando el proyecto se encuentra a la espera de la firma del presidente de la República para convertirse oficialmente en ley.

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