Ruido descontrolado en la mira: bares y vecinos escandalosos enfrentarían duras sanciones

Una iniciativa fue dictaminada positivamente en la Comisión de Ambiente y ahora deberá ser conocida por el Plenario Legislativo.

Redacción- Las personas que generan ruido excesivo de forma reiterada, como fiestas constantes, música a alto volumen o escándalos nocturnos, podrían enfrentar multas económicas y sanciones administrativas más severas, si un nuevo proyecto de ley logra avanzar en la Asamblea Legislativa.

La iniciativa, presentada por el diputado Antonio Ortega, del Partido Frente Amplio, ya fue dictaminada positivamente en la Comisión de Ambiente y ahora deberá ser conocida por el Plenario Legislativo. Su objetivo principal es combatir la contaminación acústica y promover lo que denomina “paisajes sonoros positivos”, en beneficio de la salud pública y la convivencia ciudadana.

El proyecto plantea una reforma a la Ley General de Salud para incorporar formalmente el concepto de contaminación sonora, equiparándolo a otras formas de contaminación ambiental. Esto permitiría contar con criterios más claros para determinar cuándo un sonido se convierte en una afectación a la salud o al entorno.

Según la propuesta, se considerará contaminación sonora cualquier ruido o vibración generada por actividades humanas cuya intensidad, duración o frecuencia cause molestias, supere normas nacionales o internacionales, o afecte a personas, animales o el equilibrio ecológico.

Multas y sanciones por reincidenciaUno de los aspectos más relevantes del proyecto es el régimen sancionatorio. De aprobarse, el esquema sería el siguiente:

Primera infracción: advertencia.Reincidencia: multa equivalente a un salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial, monto que ronda los ¢462.200.En el caso de empresas, bares o comercios, las sanciones serían más estrictas. El texto establece la suspensión del permiso de salud por seis meses en la primera reincidencia y hasta un año si el incumplimiento persiste, incluso después de pagar la multa.

Fiscalización y uso de los recursosEl Ministerio de Salud mantendría la rectoría sobre la normativa relacionada con el ruido, mientras que la Fuerza Pública apoyaría las labores de inspección y control en comunidades, actividades comerciales y eventos públicos.

Los recursos recaudados por concepto de multas se destinarían a programas de mitigación del ruido, campañas de concientización y acciones orientadas a generar ambientes sonoros saludables, con un enfoque preventivo y educativo.

Impacto en comunidadesLa iniciativa busca equilibrar el derecho al entretenimiento con el derecho al descanso y la salud, tomando en cuenta que la exposición prolongada al ruido ha sido vinculada a problemas como insomnio, estrés, ansiedad y afectaciones cardiovasculares.

De convertirse en ley, el proyecto ofrecería a las comunidades un respaldo legal más sólido para denunciar situaciones de ruido excesivo y reducir conflictos vecinales, así como regular de forma más estricta la actividad comercial ruidosa.