Red criminal tenía uniforme: policías y funcionario de Migración en la mira tras megaoperativo en la frontera

Cinco funcionarios públicos figuran entre los cerca de 60 sospechosos que el OIJ pretende detener. La investigación apunta a que la estructura criminal no solo movía millones, sino que habría contado con información interna para operar.

El golpe policial en la Zona Norte apenas empieza a revelar su lado más delicado. Tras los 51 allanamientos ejecutados en Los Chiles, Aguas Zarcas y Santa Rosa de Pocosol, ahora el foco se centra en un elemento que enciende las alarmas: la presunta participación de funcionarios activos dentro de la organización.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial, entre los aproximadamente 60 sospechosos que se busca detener figuran cuatro funcionarios de la Fuerza Pública y uno de la Policía Profesional de Migración.

La investigación, que arranca en 2024, permitió perfilar una estructura que operaba con roles definidos: captadores, transportistas, vigilantes, coordinadores y encargados de ocultar personas ingresadas de forma irregular al país. Pero además, en apariencia, también habría contado con funcionarios que facilitaban información.

Ese posible acceso a datos sensibles habría sido clave para que el grupo, presuntamente, lograra introducir personas desde Nicaragua, mantenerlas ocultas en viviendas y, en algunos casos, asaltarlas y despojarlas de dinero y pertenencias.

La estructura también está vinculada con el homicidio de un hombre de apellido Duarte, ocurrido en junio de 2025 en el centro de Los Chiles, así como con la venta y distribución de droga en la zona.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, la organización generaba ingresos mensuales que oscilaban entre los 36 y 67 millones de colones, una cifra que evidencia la magnitud del negocio ilícito que, según la hipótesis policial, operaba en la frontera norte.

Ahora, más allá de las detenciones, la atención se centra en el alcance real de la infiltración y en las eventuales responsabilidades penales y administrativas que podrían derivarse para los funcionarios señalados.

El caso pasa al Ministerio Público, donde se definirá la situación jurídica de los detenidos. Mientras tanto, la investigación abre una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo operó esta red con respaldo interno sin ser detectada?