Contralora responde a petición de renuncia planteada por Laura Fernández

Marta Acosta rechazó el llamado de la presidenta electa Laura Fernández y recordó que la Contraloría no depende del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo, y que su función es fiscalizar, aunque incomode.

La contralora general de la República, Marta Acosta, reaccionó con un mensaje contundente ante la solicitud de renuncia planteada por la presidenta electa, Laura Fernández, y dejó claro que su gestión se mantiene amparada en la Constitución Política y en la separación de poderes.

Por medio de un pronunciamiento oficial, Acosta subrayó que la Contraloría General de la República es un órgano auxiliar del Poder Legislativo y no del Ejecutivo, por lo que no está sujeta a presiones políticas ni a solicitudes provenientes del gobierno entrante.

“En este caso, la futura fiscalizada del Poder Ejecutivo le exige a la jerarca del ente fiscalizador que deje su puesto ya porque le incomoda o molesta que haga su trabajo de fiscalización”, señaló la Contraloría en su respuesta, en la que también recalcó que no emitirá criterio adicional sobre el tema.

El despacho insistió en que la labor de la institución es vigilar el correcto uso de los recursos públicos y que esa función se ejerce con respeto a la separación de poderes, independientemente de quién esté al frente del Ejecutivo.

Además, la Contraloría recordó que el cargo de contralor general tiene un marco legal claramente definido. Marta Acosta ejerce el puesto desde el año 2012, fue reelecta en 2020 y su periodo vence en 2028. Su nombramiento y eventual remoción dependen exclusivamente de la Asamblea Legislativa.

Según la Constitución Política, el contralor o contralora solo puede ser removido mediante una mayoría calificada de 38 diputados, lo que refuerza la independencia del cargo frente a presiones políticas externas.

La respuesta de Acosta se da luego de que Fernández afirmara públicamente que la gestión de la contralora “ya cumplió un ciclo” y que se han presentado “fallas relevantes” en la fiscalización de la Hacienda Pública, declaraciones que avivaron el debate sobre los límites entre el poder político y los órganos de control.

Con su pronunciamiento, la jerarca de la Contraloría marcó una línea clara y reiteró que la fiscalización del Estado no es negociable ni subordinada a intereses del momento político.