Nicaragua elimina la doble nacionalidad tras ratificar reforma constitucional
La modificación, impulsada por el oficialismo, establece que la ciudadanía se pierde al adquirir otra, afectando a exiliados y naturalizados
La modificación, impulsada por el oficialismo, establece que la ciudadanía se pierde al adquirir otra, afectando a exiliados y naturalizados
Redacción- El Congreso de Nicaragua ratificó este miércoles una reforma constitucional que elimina el derecho a la doble nacionalidad, medida que podría afectar a cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero y podrían perder su ciudadanía al obtener una nacionalidad extranjera.
La reforma, aprobada por la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, forma parte de un profundo cambio a la Constitución respaldado por los copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Bajo la nueva redacción, la nacionalidad nicaragüense se perderá automáticamente al momento de adquirir otra, según lo dispuesto en los artículos reformados de la Carta Magna.
En la exposición de motivos, el oficialismo defendió la modificación señalando que quienes adquieren otra nacionalidad “rompen el vínculo jurídico y moral con Nicaragua” y que la medida refuerza la soberanía del Estado. La reforma también estipula que los extranjeros que deseen adquirir la nacionalidad nicaragüense deberán renunciar a su ciudadanía de origen, aunque se prevé una excepción para ciudadanos centroamericanos.
La ratificación de la reforma ocurre después de que en mayo de 2025 la Asamblea aprobó los cambios en primera legislatura y este miércoles en segunda legislatura, completando así el proceso constitucional requerido para su vigencia.
Organizaciones opositoras en el exilio han criticado la medida, calificándola de arbitraria e “inhumana”, y advirtieron que podría aumentar el exilio forzado, al tiempo que ponen en duda las garantías de que la eliminación de la doble nacionalidad no se aplique de manera retroactiva.
La reforma se enmarca en un contexto de ampliación de los poderes del Ejecutivo en Nicaragua y de despojo de nacionalidad a opositores y críticos del gobierno en años recientes, una práctica que ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y organismos internacionales.