(Opinión) Costa Rica y su fondo invisible: tiene razón, señor presidente

“Los inversionistas que aceptaron riesgos elevados en busca de retornos superiores ahora buscan trasladarlos a terceros, alegando vulnerabilidad”.

Por Adrián Marrero En Costa Rica, un fondo de inversión privado que supera los 2.000 millones de dólares uno de los mayores del país opera tras un muro de privacidad que, para muchos, resulta cada vez más difícil de justificar. La pregunta que se repite en voz baja en pasillos políticos, financieros y jurídicos es siempre la misma:

¿Quiénes están realmente detrás de ese capital y por qué el sistema parece empeñado en mantenerlos fuera del escrutinio público?

Durante años, se ha presentado a sus participantes como “pequeños ahorrantes”. Pero documentos revisados por este medio y testimonios del sector muestran señales contradictorias: no se trata de ciudadanos comunes, sino de actores históricamente influyentes, cuyas decisiones financieras han moldeado proyectos clave del país durante décadas.

Frente a esto, surge la primera gran interrogante:

Si la transparencia es obligatoria por ley, ¿por qué el Ministerio Público no ha abierto una investigación de oficio sobre el origen de estos capitales?

El inicio: un parque industrial, una apuesta y una pandemia

La polémica que hoy estalla públicamente se remonta a la relación entre un desarrollador privado —propietario de un parque industrial en la costa pacífica— y la sociedad administradora de fondos de inversión (SAFI) de un banco estatal.

Cuando el desarrollador adquirió el parque, nadie imaginó lo que estaba por venir.

La pandemia de COVID-19 paralizó al 94% de la población y al 90% de las empresas del país. Bajo un contrato firmado antes del desastre global, el desarrollador debía garantizar ingresos mínimos de alquiler incluso si las bodegas permanecían vacías.

más de 20 millones de dólares salieron directamente del bolsillo del desarrollador, destinados a sostener las rentas de los inversionistas.

Pese al impacto, el parque industrial continuó operando, mostrando que no fue un fracaso empresarial sino una víctima más del colapso económico mundial.

Los riesgos que todos aceptaron… y que hoy pocos admiten

Ser “inversionista sofisticado” no es una etiqueta decorativa, sino una figura rigurosamente definida por la regulación bursátil.

Para obtener ese estatus, la persona debe firmar un prospecto de inversión, un documento técnico y explícito que detalla riesgos de mercado, fluctuaciones, crisis internacionales e incluso eventos excepcionales como pandemias.

Todos avalaron durante años las decisiones internas del fondo.

Sin embargo, hoy algunos argumentan que deberían ser tratados como “pequeños ahorrantes” y que el sistema debe compensarlos por pérdidas que, contractual y legalmente, asumieron desde el inicio.

¿Cuándo dejó de ser válido el contrato que ellos mismos aprobaron y por qué solo ahora buscan reinterpretarlo?

La red que nadie nombra: influencia, historia y silencios

Durante décadas, un pequeño círculo de actores económicos ha mantenido un papel privilegiado en proyectos, aprobaciones y financiamientos.

Paradójicamente, muchos de los mismos funcionarios cuestionados hoy por supuestas irregularidades son quienes, en el pasado, autorizaron operaciones similares a favor de inversionistas prominentes del país.

algunos de los denunciantes actuales también formaron parte de ese ecosistema de influencia durante largos períodos.

¿Si hubiera una falla estructural, por qué no exigir una auditoría completa de todas las operaciones históricas del fondo incluyendo aquellas en las que los mismos denunciandos participaron activamente?

¿Se trata de justicia… o de una disputa interna entre actores del mismo círculo?

El dilema final: ¿quién paga los riesgos del capitalismo?

Este caso revela un dilema moral profundo:

Los inversionistas que aceptaron riesgos elevados en busca de retornos superiores ahora buscan trasladarlos a terceros, alegando vulnerabilidad.

La narrativa del “ahorrante desprotegido” se diluye bajo el peso de los contratos firmados, las votaciones avaladas y las cifras verificadas.

Lo que emerge, en cambio, es una estructura silenciosa de protección, una red informal en la que poder económico y decisión pública han convivido durante años.

En este contexto, la frase presidencial esa que muchos tacharon de exageración política vuelve a resonar con fuerza inesperada:

En las próximas entregas revelaremos información que, sin duda, sorprenderá.

Publicaremos fragmentos clave del prospecto de inversión que firmaron los participantes del fondo, así como extractos de los dictámenes de la SUGEVAL, la Procuraduría General de la República y las actas en las que los mismos inversionistas aprobaron, durante años, las decisiones de la administración del fondo.

Nuestro análisis permitirá observar, con mayor claridad, cómo algunas instituciones públicas han sostenido criterios que podrían llevar a una situación paradójica:

que los ahorrantes comunes terminen asumiendo las pérdidas de grandes inversionistas sofisticados del fondo privado administrado por la SAFI-BCR.