Candidato propone un pacto nacional por la educación tras suicidio de estudiante de sexto grado

Boris Molina, aspirante presidencial del Partido Unión Costarricense Democrática, plantea un acuerdo entre el Gobierno actual, el MEP y todos los candidatos para cambiar el enfoque de las pruebas y poner la salud mental como prioridad país.

La muerte de un niño de 12 años en Limón, a quien le faltaron apenas dos puntos para aprobar las pruebas estandarizadas, encendió una nueva alarma sobre el sistema educativo costarricense y llevó a un candidato presidencial a pedir un pacto político sin precedentes.

El aspirante a la Presidencia por el Partido Unión Costarricense Democrática, Boris Molina, propuso la creación de un Pacto por la Educación Ya, que involucre al presidente Rodrigo Chaves, al ministro de Educación Pública y a los 19 candidatos restantes de cara a las elecciones del 2026.

La iniciativa surge tras el impacto nacional que generó el caso del menor limonense, quien no logró graduarse luego de reprobar las pruebas estandarizadas por una diferencia mínima. Para Molina, el hecho refleja una presión excesiva sobre niños y adolescentes y evidencia fallas estructurales en la forma en que se evalúa el aprendizaje en el país.

El primer compromiso que plantea el candidato es que, en el próximo gobierno, las pruebas aplicadas a estudiantes y docentes tengan únicamente un carácter diagnóstico, sin sanciones académicas ni laborales. El objetivo, según su planteamiento, es medir y evaluar para mejorar, no para castigar.

Como segundo eje, Molina propone que estas evaluaciones sean diseñadas y aplicadas por un ente externo, con criterios técnicos, objetivos e imparciales, y con una planificación de largo plazo que trascienda los ciclos políticos de cuatro años.

El tercer punto del pacto apunta directamente a la salud mental. El candidato plantea que el bienestar emocional de niños y adolescentes sea asumido como una prioridad de Estado durante el periodo 2026-2030, con políticas públicas claras y sostenidas.

La propuesta busca abrir un debate nacional sobre el rumbo de la educación costarricense y el impacto que tienen las decisiones administrativas y evaluativas en la vida de los estudiantes, en un momento en que el tema educativo vuelve a colocarse en el centro de la discusión política y social.