Allanamientos a cualquier hora ya son ley en Costa Rica: OIJ podrá actuar de noche, fines de semana y feriados

La nueva normativa elimina la restricción horaria para los allanamientos y abre la puerta a operativos judiciales las 24 horas del día, tras un proceso legislativo marcado por vetos, correcciones y fuertes choques políticos.

Ya no habrá que esperar a que amanezca. Desde ahora, las autoridades judiciales en Costa Rica podrán allanar viviendas y propiedades a cualquier hora del día o de la noche, luego de que se promulgara oficialmente la ley que elimina los límites de horario para este tipo de operativos.

La reforma fue publicada este jueves en el diario oficial La Gaceta, lo que la hace entrar de inmediato en vigencia y autoriza al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a realizar allanamientos las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluyendo fines de semana y feriados.

La nueva ley modifica el artículo 193 del Código Procesal Penal, dejando atrás la norma que solo permitía estos procedimientos entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, salvo situaciones excepcionales previamente justificadas ante un juez.

El camino para aprobar esta medida no fue sencillo. Se trata del tercer intento del Congreso por convertir esta iniciativa en ley, luego de que una versión anterior fuera vetada por el presidente Rodrigo Chaves y posteriormente señalada por la Sala Constitucional debido a errores en el trámite legislativo.

El proyecto actual fue aprobado por unanimidad en segundo debate el pasado 28 de octubre, corrigiendo los vicios señalados y permitiendo que finalmente avanzara hasta su promulgación.

Durante el proceso anterior, el presidente Chaves había cuestionado duramente la iniciativa, argumentando que podía afectar el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio y lanzando fuertes críticas contra funcionarios del Ministerio Público y del OIJ, a quienes acusó de actuar de forma arbitraria.

Pese a esas objeciones iniciales, la versión corregida del proyecto logró superar los cuestionamientos legales y políticos, y ahora se convierte en una nueva herramienta para las autoridades judiciales en la lucha contra el crimen organizado y otros delitos complejos.

Con la entrada en vigencia de esta ley, Costa Rica da un giro importante en su marco procesal penal, al permitir operativos más ágiles y sin depender del reloj, algo que, según sus impulsores, responde a la dinámica actual de la criminalidad.