Exdiputado detenido cuando intentaba ingresar un celular a la cárcel durante una cita íntima
La Policía Penitenciaria sorprendió al abogado penalista Leonel Villalobos Salazar cuando intentaba entrar un teléfono y un chip durante una visita íntima en...
La Policía Penitenciaria sorprendió al abogado penalista Leonel Villalobos Salazar cuando intentaba entrar un teléfono y un chip durante una visita íntima en el centro penal Vilma Curling.
El abogado penalista y exdiputado Leonel Villalobos Salazar fue detenido este domingo tras ser sorprendido con un teléfono celular y un chip que, según la Policía Penitenciaria, intentaba ingresar al centro penal Vilma Curling durante una visita íntima. La situación encendió las alertas debido a la reciente reforma legal que castiga este tipo de conductas con penas de cárcel de hasta cuatro años.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, los oficiales detectaron los dispositivos durante la revisión previa al ingreso. Villalobos portaba los artículos dentro de un bolso personal, lo que motivó la intervención inmediata de los agentes. Las autoridades coordinaron de inmediato con la Fiscalía para continuar con el proceso penal correspondiente.
Este nuevo incidente se suma al historial del exlegislador, quien en los años noventa fue detenido en Estados Unidos por delitos vinculados al tráfico de drogas. Tras cumplir su condena regresó al país, pero tiempo después volvió a ser investigado por la sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial, que lo asoció con la presunta venta de drogas junto a una vecina de Tibás.
La captura de este domingo toma especial relevancia luego de que, en abril, los diputados aprobaran una reforma al Código Penal que incorporó un nuevo delito para castigar el ingreso, facilitación o intento de introducir celulares, dispositivos satelitales, tarjetas SIM o cualquier herramienta que permita comunicaciones desde una cárcel. La norma, contemplada en el artículo 257 quáter, establece penas de prisión de hasta cuatro años.
Justicia confirmó que el caso seguirá su curso judicial mientras se mantienen activados los protocolos internos para evitar la entrada de tecnología que pueda ser utilizada para coordinar actividades delictivas desde los centros penitenciarios.