EE.UU. endurece criterios migratorios: obesidad y tener hijos con necesidades especiales podrían ser causa de rechazo de visa

Así lo establece una directriz impulsada por el presidente Donald Trump

Redacción- El gobierno de Estados Unidos considerará nuevas condiciones de salud y familiares como factores para negar visas de inmigrante, de acuerdo con una directriz impulsada por el presidente Donald Trump y confirmada por fuentes oficiales.

Según un memorando del Departamento de Estado, firmado por el secretario Marco Rubio, las embajadas deberán evaluar la obesidad y si el solicitante tiene personas dependientes con discapacidades o enfermedades crónicas al decidir si se aprueba una visa de residencia.

El documento, reportado inicialmente por KFF Health News y confirmado a la AFP, sostiene que la obesidad “puede requerir atención médica costosa y prolongada”, lo que representaría un posible gasto para el sistema de salud estadounidense.

Asimismo, el texto insta a considerar si el solicitante tiene a cargo un familiar que “necesite cuidados constantes al punto de impedirle trabajar”, bajo el argumento de evitar que los inmigrantes se conviertan en una “carga pública”.

Las nuevas reglas aplicarán únicamente a quienes soliciten visas de inmigrante, no a visitantes temporales.

“El gobierno de Trump prioriza los intereses del pueblo estadounidense. Estas políticas garantizan que el sistema migratorio no sea una carga para el contribuyente”, afirmó Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado.Estados Unidos, donde el 40 % de la población es obesa, ha incluido históricamente evaluaciones médicas en los procesos migratorios. Sin embargo, esta medida amplía de forma considerable los criterios de exclusión, en una línea coherente con las políticas restrictivas de Trump en materia migratoria.

Rubio también ha promovido otras acciones, como revocar visas a personas que expresen opiniones contrarias a la política exterior de EE. UU., incluso por declaraciones sobre Israel.

La medida ha generado debate entre organizaciones de derechos humanos y expertos en salud pública, quienes advierten que podría discriminar a solicitantes por su condición médica o familiar.