Chaves arremete contra Sala IV y empresarios por suspensión de la subasta: denuncia herencias de frecuencias y “fin de la democracia”

El presidente lanzó duros señalamientos tras la decisión de la Sala Constitucional, cuestionando a magistrados, políticos y empresarios que, según él, buscan mantener privilegios sobre un bien público.

El presidente Rodrigo Chaves volvió a encender la polémica nacional al reaccionar con fuertes críticas contra la Sala Constitucional, luego de que el tribunal suspendiera temporalmente el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión. El mandatario calificó la medida como un retroceso democrático y acusó a varios sectores de querer perpetuar privilegios heredados sobre un recurso que pertenece a todo el país.

Chaves cuestionó que la resolución fuera redactada por el padre de una figura política conocida, y afirmó que esa situación evidencia, según él, la influencia de élites y grupos empresariales que han dominado el espectro radioeléctrico durante décadas. El gobernante aseguró que la suspensión se convierte en un obstáculo para modernizar el acceso a las frecuencias y transparentar su uso.

El presidente criticó la tradición de renovaciones automáticas que, durante años, permitieron que las concesiones pasaran entre familiares y accionistas como si se tratara de una propiedad privada. Señaló que la intención de algunos sectores es mantener ese esquema para prolongarlo hasta un siglo, lo que considera incompatible con los principios democráticos.

Chaves insistió en que la subasta no es un invento de su administración, sino una obligación establecida en una ley firmada durante el gobierno de Óscar Arias y aprobada por una mayoría legislativa. A su juicio, quienes hoy se oponen al proceso buscan dejar las concesiones en manos de los mismos actores, pese a que la Sala IV ya ha sostenido anteriormente que no pueden ser perpetuas.

El mandatario mencionó a varias figuras políticas como parte de lo que describió como una defensa del estatus quo. Afirmó que, si el gobierno hubiera cedido a la presión empresarial, las frecuencias habrían permanecido por dos décadas más en manos de los mismos grupos, sin competencia y sin transparencia.

Las declaraciones profundizan la tensión que ya rodea la subasta, una de las discusiones más intensas del país en los últimos años. Mientras la Sala Constitucional analiza los recursos y mantiene detenido el proceso, el debate público se reaviva con confrontaciones directas entre el Ejecutivo, los concesionarios tradicionales y otros actores políticos.