Anulan absolutoria a dueño de gasolinera y su banda criminal por robo de combustible a Recope: Irán a nuevo juicio

Los robos de combustible habría superado los $2 millones

Redacción- Un caso de presunto robo de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), que se remonta al 2018, volverá a juicio luego de que el Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Crimen Organizado anulara la sentencia absolutoria dictada a favor de seis imputados, a raíz de un recurso presentado por la Fiscalía de Atenas.

Los hombres de apellidos Jiménez Guzmán, Bermúdez Chaves, Parra Zumbado, Cruz Osorio, Gómez Rojas y Solís Morales habían sido absueltos en un juicio anterior. Sin embargo, el tribunal de apelación consideró que existían fundamentos suficientes para que el caso fuera nuevamente analizado en sede judicial.

Ahora, corresponde al Tribunal Penal de Alajuela fijar una nueva fecha para el debate, en el marco del expediente 18-013230-0042-PE.

Operación sofisticadaSegún la acusación fiscal, entre abril y mayo de 2018, los imputados habrían conformado una organización dedicada a sustraer, transportar, almacenar y comercializar combustible robado del poliducto de RECOPE, ubicado en Atenas.

La Fiscalía sostiene que los sospechosos perforaban el poliducto utilizando herramientas especializadas, conectaban válvulas clandestinas y usaban camiones cisterna —incluido uno avalado por la propia RECOPE— para trasladar el producto. Luego, el combustible supuestamente se comercializaba en una gasolinera ubicada en San Francisco de Heredia, propiedad de uno de los imputados, Jiménez Guzmán, quien figura como líder de la agrupación.

En aquel momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estimó que el valor del combustible robado —que incluía diésel, gasolina y jet fuel— superaba los $2 millones.

Detenciones y críticasLos arrestos se realizaron el 31 de mayo de 2018 tras varios allanamientos coordinados por el OIJ y la Fiscalía. Pese a la gravedad de los hechos, el Juzgado Penal de San José ordenó en su momento medidas cautelares no privativas de libertad, lo que generó críticas desde el Ministerio Público.

En su momento, la entonces fiscala general, Emilia Navas, calificó la decisión judicial como "mal fundamentada" y adelantó que apelaría. También, el exdirector del OIJ, Wálter Espinoza, destacó la magnitud del caso, señalando que se trataba de "la organización más fuerte" que habían identificado en cuanto al robo de combustible.

Con la resolución emitida este jueves, el caso recobra fuerza y avanza hacia una nueva etapa procesal. El Ministerio Público reiteró que continuará impulsando acciones legales para lograr una resolución conforme con la gravedad de los hechos investigados.