TSE prohíbe al Gobierno utilizar símbolo del jaguar por posible beligerancia política

Resolución del Tribunal advierte que uso del emblema podría provocar sanciones severas, incluyendo la destitución de funcionarios.El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió al Poder Ejecutivo que el uso del símbolo del jaguar en actividades oficiales podría constituir beligerancia política, una falta grave que podría acarrear la destitución e inhabilitación de los funcionarios responsables.

La advertencia se desprende de la resolución N.° 5037-E8-2025, emitida este 22 de julio, en respuesta a una consulta del Consejo de Gobierno presentada el pasado 10 de julio.

En la resolución, el TSE fue contundente: sí, el uso del jaguar como símbolo institucional por parte del Ejecutivo puede interpretarse como una forma de respaldo político, dado que ese emblema ya fue inscrito legalmente por el partido MOTIVA como parte de su bandera.

La divisa con la figura del jaguar fue incorporada al estatuto del partido y cumplió con todos los requisitos legales, incluyendo la publicación en La Gaceta y la ausencia de objeciones. Esto le otorga al símbolo un carácter partidario oficial, con implicaciones políticas directas.

“Cualquier actuación de una autoridad de gobierno en la que se utilice ese distintivo como emblema podría considerarse un mensaje en favor de dicha agrupación”, señala el fallo del TSE, destacando que se estaría comprometiendo la neutralidad constitucional exigida a las autoridades públicas, especialmente en contextos preelectorales.

El pronunciamiento reafirma la obligación del aparato estatal de mantenerse al margen de toda manifestación que pueda interpretarse como respaldo a partidos políticos, principio fundamental para garantizar procesos electorales libres y equitativos.

La resolución tiene implicaciones directas en la imagen que el Gobierno ha venido promoviendo en distintos actos públicos, en los que ha utilizado el jaguar como símbolo de fuerza, liderazgo o identidad. Con este fallo, cualquier continuidad en su uso podría dar paso a procesos administrativos o judiciales contra altos jerarcas.