Poder Judicial impulsa reforma legal para agilizar procesos penales y combatir la impunidad

Redacción- El Poder Judicial presentó este martes ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al Código Procesal Penal, con el objetivo de acelerar los juicios, combatir la impunidad y brindar mayor protección a las víctimas, en un contexto de creciente inseguridad en el país.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente legislativo 24.913, fue expuesta por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, y la presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera), Patricia Solano Castro.

La propuesta fue elaborada por la Sala Tercera y contiene modificaciones puntuales pero de alto impacto, con las que se busca mejorar la eficiencia del sistema penal costarricense.

Principales cambios que propone la reforma:Rebeldía automática: Si la persona imputada no se presenta a la audiencia preliminar sin justificación, será declarada en rebeldía.Juicios más ágiles: En delitos con penas de hasta 10 años, un juez unipersonal podrá resolver el caso, sin necesidad de un tribunal colegiado.Fin a excusas por agenda del abogado: Si el abogado defensor no puede asistir, la persona imputada tendrá un máximo de cinco días para nombrar uno nuevo, o se le asignará un defensor público.Audiencia preliminar como límite: Esta será la última etapa para acceder a soluciones alternas o procedimientos abreviados, por lo que se convocará de forma obligatoria a la persona imputada y a la víctima.Una reforma con enfoque prácticoEl magistrado Orlando Aguirre afirmó que esta iniciativa muestra el compromiso proactivo del Poder Judicial ante la situación de inseguridad nacional.

“No se trata solo de discursos y diagnósticos, sino de acciones concretas que incidirán directamente en un mejor sistema de justicia”, puntualizó Aguirre.Por su parte, la magistrada Patricia Solano explicó que los cambios están diseñados para eliminar prácticas procesales abusivas y trabas innecesarias, sin comprometer las garantías ni el debido proceso.

Este proyecto forma parte de los esfuerzos institucionales por modernizar la justicia penal, acelerar la resolución de casos y recuperar la confianza ciudadana en la administración de justicia.