Defensoría: “Costa Rica nunca estuvo preparada para atención de personas deportadas desde EE. UU.”

Redacción- La Defensoría de los Habitantes confirmó que el país no contaba con condiciones adecuadas para recibir y atender a las personas deportadas desde los Estados Unidos, quienes empezaron a ingresar a partir de febrero del 2025.

Así lo estableció en su más reciente informe con recomendaciones emitido a instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de Migración y Extranjería, en el que detalla una serie de fallas estructurales que comprometieron los derechos de más de 200 personas extranjeras retornadas al país.

La defensora Angie Cruickshank Lambert aseguró que, aunque se reconoce la legalidad de los acuerdos migratorios entre países, estos deben implementarse garantizando condiciones de protección, atención digna y respeto a los derechos humanos, desde el momento del arribo.

“Estas personas no tenían intención de ingresar a Costa Rica, sino que fueron forzadas mediante detención y traslado. Hoy diría al país que espero, como Defensora, que esta desafortunada historia no se repita”, afirmó Cruickshank.Entre los principales señalamientos del informe destacan:

Ausencia de condiciones diferenciadas según situación familiar o país de origen.Falta de acceso a la educación para menores de edad albergados en el CATEM-Sur.Deficiencias persistentes en infraestructura, acceso a agua potable y conectividad para comunicación familiar.Además, la Defensoría recomendó revisar las resoluciones DJUR-135-04-2025 y DJUR-222-07-2025, que regulan la permanencia y condiciones migratorias de estas personas, para garantizar:

Un plazo unificado de estadía legal en el país con posibilidad de prórroga.Autorización para que todas las personas deportadas puedan trabajar.Exoneración total de costos administrativos por trámites migratorios.Flexibilización del proceso de regularización para quienes no puedan aportar documentos de sus países de origen.Finalmente, el informe insiste en que cualquier colaboración migratoria debe asegurar el pleno respeto de los derechos humanos, de acuerdo con la legislación nacional e internacional vigente.