TSE confirma que presidente Chaves usó su poder para influir en votantes de cara a elecciones del 2026

Redacción- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró con lugar un recurso de amparo electoral interpuesto por Claudio Alpízar Otoya, tras determinar que el presidente Rodrigo Chaves incurrió en manifestaciones que afectaron derechos fundamentales en el contexto del proceso electoral.

La resolución n.° 4259-E1-2025, emitida el 24 de junio, concluye que el mandatario incurrió en acciones reiteradas y de “innegable gravedad” que violentaron la libertad del sufragio y el derecho al sufragio pasivo, no solo del recurrente, sino también del electorado costarricense en general.

Según el TSE, Chaves utilizó su investidura presidencial y la fuerza de su imagen pública para favorecer un programa político específico, generando un “desequilibrio” en la contienda electoral. El Tribunal advierte que este tipo de conductas pueden minar la confianza ciudadana en el sistema electoral y socavar la neutralidad del poder político.

“Aprovechó ilegítimamente su investidura y la preponderancia de su imagen para favorecer un programa político específico, lo cual afecta negativamente los intereses de otras plataformas partidarias”, indica la sentencia.El TSE reiteró que la rendición de cuentas es válida, pero debe evitar convertirse en una plataforma de propaganda política disfrazada de comunicación institucional. En este caso, se constató que las expresiones del presidente buscaron influir en la ciudadanía para que asumiera una postura político-electoral concreta.

Prevención, pero sin sancionesAunque el amparo fue declarado con lugar, no se impusieron sanciones específicas contra el presidente Chaves, ya que el proceso de amparo electoral tiene como objetivo determinar si se violentaron derechos fundamentales, no sancionar conductas como la beligerancia política.

La resolución sí advierte formalmente al presidente que deberá abstenerse de emitir manifestaciones o realizar actos que puedan beneficiar o perjudicar a partidos, candidaturas, movimientos o tendencias de cara a las elecciones de 2026.

Cabe aclarar que, aunque el caso ha sido llamado en medios como un “recurso de amparo por beligerancia política”, el TSE subraya que esta calificación es incorrecta. El amparo analiza violaciones a derechos político-electorales, y no constituye una resolución sobre posibles faltas de beligerancia, que se tramitan por otros procedimientos.