Poder Judicial responde a críticas del Ejecutivo por presencia de menores con causas penales en albergues del PANI

Redacción- Luego de que autoridades del Poder Ejecutivo afirmaran en conferencia de prensa que los albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) alojan a más menores con historial delictivo que el Centro Penal Juvenil Zurquí, el Poder Judicial emitió este jueves una respuesta para aclarar la situación y defender el papel del sistema de justicia penal juvenil.

En su declaración oficial, el Poder Judicial recordó que los adolescentes en conflicto con la ley siguen siendo, ante todo, personas menores de edad con derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la protección estatal, a condiciones de vida dignas y al debido proceso.

"Muchos adolescentes que ingresan al sistema penal juvenil lo hacen en condiciones de extrema vulnerabilidad: abandono, pobreza, violencia o falta de redes de apoyo", indicó el comunicado, subrayando que los jueces tienen la obligación de velar no solo por lo legal, sino también por garantizar necesidades básicas como vivienda, salud y educación.El órgano judicial explicó que, cuando un menor en proceso penal no cuenta con un entorno seguro o figuras parentales responsables, corresponde al PANI asumir su cuidado. Esta medida no debe interpretarse como un castigo, sino como una forma de protección urgente.

Asimismo, se desmintió que se esté utilizando al PANI como sustituto de un centro penal. Según el Poder Judicial, no todos los casos de menores vinculados a delitos requieren internamiento o medidas cautelares severas, y enviarles a un albergue puede ser la única vía para garantizar su integridad física y emocional.

"Es un error suponer que se está usando al PANI como sustituto de un centro penal. Los jueces penales juveniles comprenden bien los límites de cada institución y solo recurren a estas medidas cuando la situación lo exige", enfatizó la respuesta institucional.El comunicado concluye con un llamado a fortalecer las alternativas integrales de protección, abogando por más recursos humanos, políticas públicas inclusivas y espacios adecuados que permitan una verdadera reinserción social y no revictimicen a la niñez y adolescencia en conflicto con la ley.