Así habría operado el financiamiento paralelo en la campaña del PPSD

Redacción- La acusación presentada esta mañana por la Fiscalía General de la República contra siete altos funcionarios del Gobierno y la Asamblea Legislativa detalla lo que sería un esquema paralelo de financiamiento utilizado durante la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período 2022-2026. La estructura habría operado por fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), contraviniendo la normativa del Código Electoral costarricense.

Dos vías no oficiales de financiamientoSegún la investigación del expediente 22-000116-1218-PE, la campaña del PPSD se habría financiado mediante dos mecanismos irregulares:

Un fideicomiso privado: Utilizado supuestamente para recibir y canalizar recursos hacia la campaña, al margen de los controles legales y sin ser reportado a la Tesorería del partido ni al TSE.Cuentas bancarias personales: A nombre de una mujer identificada con el apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal paralelo en el expediente 22-000210-0276-PE, tramitado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.Ambos mecanismos se emplearon para financiar actividades políticas, contratación de servicios y otros gastos de campaña, sin cumplir los requisitos de transparencia, legalidad y publicidad establecidos por la ley.

¿Qué exige la ley?El Código Electoral establece que:

Toda contribución debe provenir de personas físicas costarricenses.Las donaciones deben canalizarse exclusivamente a través de los mecanismos oficiales del partido político.Es obligatorio reportar toda contribución al TSE y a la Tesorería del partido, garantizando trazabilidad y fiscalización pública.El uso de estructuras paralelas como fideicomisos o cuentas personales se considera una violación grave a estas disposiciones.

Impacto sobre la integridad del procesoLa Fiscalía sostiene que estos mecanismos ocultaron la verdadera procedencia y magnitud de los fondos utilizados por el PPSD, afectando la equidad y transparencia del proceso electoral que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia.

Según el fiscal general, Carlo Díaz, existen "suficientes elementos de convicción" para señalar que los acusados participaron directamente en esta estructura paralela, incurriendo en delitos contemplados en los artículos 273, 274 inciso e), y 275 incisos a) y b) del Código Electoral, relacionados con financiamiento político ilícito y uso indebido de fondos.

Quiénes son los funcionarios acusados?La acusación, tramitada directamente por el fiscal general Carlo Díaz, recae sobre los siguientes siete miembros de los Supremos Poderes:

Rodrigo Chaves Robles, presidente de la RepúblicaStephan Brunner Neibig, vicepresidenteAndré Tinoco, ministro de Relaciones ExterioresPilar Cisneros Gallo, diputadaLuz Mary Alpízar Loaiza, diputadaPaola Nájera, diputadaWaldo Agüero, diputadoPróximos pasosLa Corte Suprema de Justicia deberá analizar la acusación y, de considerarlo procedente, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional de los funcionarios acusados, entre ellos el presidente Rodrigo Chaves. Solo así podrá iniciarse un eventual juicio.