--- title: "Sala Tercera propone una reforma que podría cambiar los criterios para dictar prisión preventiva en Costa Rica" description: "La propuesta busca considerar los vínculos con organizaciones criminales al valorar la prisión preventiva y limitar la reinstalación de funcionarios investigados por corrupción\\." date: 2026-10-12T18:19:51.125-06:00 modified: 2026-10-12T18:19:51.125-06:00 author: "Adrián Meza Cordero" section: "Nacionales" tags: [] language: es-CR url: https://www.amprensa.com/2026/10/sala-tercera-propone-una-reforma-que-podria-cambiar-los-criterios-para-dictar-prision-prev image: https://www.amprensa.com/assets/img/subidas/v/mv5xovlk-85beee62-c89a-4d19-9cc2-fb6c4b10b040-1200.jpg publisher: AM Prensa (Cartago, Costa Rica) --- # Sala Tercera propone una reforma que podría cambiar los criterios para dictar prisión preventiva en Costa Rica *La propuesta busca considerar los vínculos con organizaciones criminales al valorar la prisión preventiva y limitar la reinstalación de funcionarios investigados por corrupción\.* Nacionales · 12 de octubre de 2026, 18:19 · Adrián Meza Cordero ## En 3 puntos - La Sala de Casación Penal, conocida como Sala Tercera, propuso una reforma al Código Procesal Penal para incluir la pertenencia o vinculación con una estructura criminal organizada entre los criterios que pueden valorar los jueces al… - La iniciativa fue expuesta ante la Corte Plena durante la sesión del lunes 12 de octubre de 2026 y pretende que las características de una organización criminal sean consideradas cuando… - De esta manera, las propuestas abren una discusión sobre los criterios que pueden utilizarse para valorar los riesgos dentro de los procesos penales y sobre las condiciones para reinstalar… La Sala de Casación Penal, conocida como Sala Tercera, propuso una reforma al Código Procesal Penal para incluir la pertenencia o vinculación con una estructura criminal organizada entre los criterios que pueden valorar los jueces al decidir si imponen prisión preventiva a una persona imputada. La iniciativa fue expuesta ante la Corte Plena durante la sesión del lunes 12 de octubre de 2026 y pretende que las características de una organización criminal sean consideradas cuando estas proporcionen recursos, capacidades logísticas o influencia que puedan aumentar el riesgo de fuga o de obstaculización del proceso penal. Según el proyecto, las transformaciones experimentadas por la criminalidad en los últimos años representan nuevos desafíos para el sistema de justicia. La disponibilidad de mayores recursos económicos y logísticos, la capacidad de influir sobre terceros y la extensión territorial de algunas estructuras podrían incidir en los riesgos que las autoridades judiciales buscan controlar durante un proceso. El objetivo de la reforma es dotar a la jurisdicción penal de herramientas acordes con las características actuales de la criminalidad, sin modificar el carácter excepcional y cautelar de la prisión preventiva. ¿Qué cambiaría con la propuesta de la Sala Tercera? La reforma plantea modificaciones a los artículos 240 y 241 del Código Procesal Penal, relacionados con el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, respectivamente. En el primer caso, se propone incorporar la existencia de elementos objetivos que permitan establecer la vinculación de una persona imputada con un grupo u organización criminal, siempre que la estructura, sus recursos, su capacidad logística o su ámbito territorial le proporcionen medios que incrementen razonablemente el riesgo de que evada el procedimiento judicial. En cuanto al peligro de obstaculización, la iniciativa permitiría valorar si la persona imputada puede utilizar los recursos o la capacidad de influencia de una organización criminal para interferir con la investigación. Esto incluye posibles acciones para destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas, así como influir sobre coimputados, testigos o peritos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. La propuesta también contempla ajustes relacionados con las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, la suspensión temporal de cargos públicos y el trámite de los recursos de apelación, con el propósito de precisar procedimientos y evitar demoras. No obstante, la iniciativa no plantea que la vinculación con una organización criminal implique automáticamente la imposición de prisión preventiva. El texto establece que deben existir elementos objetivos que permitan determinar esa relación y que los recursos de la estructura representen un riesgo procesal razonable. Buscan limitar la reinstalación de funcionarios investigados por corrupción Durante la misma sesión, la Sala Primera presentó una propuesta de reforma al Código Procesal Contencioso-Administrativo para establecer que la reinstalación cautelar de funcionarios sea excepcional en procesos judiciales derivados de despidos sin responsabilidad patronal cuando existan determinadas circunstancias. Entre los supuestos contemplados figuran las conductas de corrupción, los vínculos, la participación o colaboración con organizaciones criminales, el riesgo de que la presencia de la persona en su puesto afecte u obstaculice el proceso judicial, el abuso de cualquier tipo contra personas menores de edad y el manejo indebido de fondos públicos. La iniciativa también establece que, cuando la reinstalación de una persona servidora pública sea la única forma de garantizar el objeto del proceso, el tribunal deberá especificar los alcances de la medida. En ese escenario, no podrá ordenarse que la persona regrese al mismo despacho u oficina donde trabajaba anteriormente. Además, la propuesta dispone que una medida provisionalísima de reinstalación no podrá extenderse por más de 15 días hábiles. Dentro de ese plazo deberá resolverse si procede o no la medida cautelar. Si vence el término sin una resolución, la medida quedará sin efecto de pleno derecho. El incumplimiento de estas disposiciones constituiría una falta grave para las personas funcionarias responsables, quienes quedarían sujetas al régimen disciplinario correspondiente. Sala Segunda propone cambios en el Código de Trabajo Por su parte, la Sala Segunda presentó una propuesta para modificar el Código de Trabajo y establecer que la reinstalación cautelar sea excepcional en las relaciones de empleo con el Estado, sus instituciones y órganos, cuando se trate de despidos sin responsabilidad patronal fundamentados en conductas de corrupción o vínculos, participación o colaboración con organizaciones criminales. La iniciativa contempla incorporar el artículo 493 bis y extender esta regla a los procesos previstos en la normativa laboral, incluidos los relacionados con la protección de fueros especiales y la tutela del debido proceso. Las propuestas todavía deben avanzar en su trámite Las iniciativas presentadas por las tres salas reflejan la intención del Poder Judicial de actualizar el marco normativo y fortalecer las herramientas jurídicas para enfrentar el crimen organizado. Sin embargo, los cambios todavía no constituyen reformas aprobadas. Las propuestas serán analizadas y sometidas a observaciones y consultas antes de que eventualmente puedan convertirse en proyectos de ley para su trámite ante la Asamblea Legislativa. Asimismo, el documento aclara que estas iniciativas no buscan revisar resoluciones judiciales ni intervenir en casos concretos. Las magistraturas no tienen la facultad legal de indicar a una persona juzgadora cómo debe resolver un asunto, ya que las decisiones corresponden exclusivamente a los jueces y juezas en ejercicio de la independencia judicial. La propuesta también recuerda que la prisión preventiva no constituye una pena anticipada. La legislación contempla medidas menos gravosas cuando permiten controlar los riesgos procesales, entre ellas el arresto domiciliario, la presentación periódica ante el tribunal, la prohibición de salida del país, la suspensión del cargo y el pago de una fianza. De esta manera, las propuestas abren una discusión sobre los criterios que pueden utilizarse para valorar los riesgos dentro de los procesos penales y sobre las condiciones para reinstalar a funcionarios públicos cuando los despidos estén relacionados con presuntos actos de corrupción o vínculos con estructuras criminales organizadas. — AM Prensa · https://www.amprensa.com/2026/10/sala-tercera-propone-una-reforma-que-podria-cambiar-los-criterios-para-dictar-prision-prev