Primer caballero y Andrey Amador se unen para castigar con cárcel a quienes faciliten sustancias dopantes a deportistas
La iniciativa impulsada desde el despacho del primer caballero, Jeffrey Umaña, con participación del ciclista Andrey Amador, propone penas de hasta ocho años de prisión por comercializar ilegalmente medicamentos para…
Quienes vendan sustancias para mejorar ilegalmente el rendimiento deportivo o las suministren a atletas podrían enfrentar penas de cárcel en Costa Rica si prospera un nuevo proyecto de ley que será presentado este miércoles ante la Asamblea Legislativa.
La propuesta pretende cerrar un vacío en la legislación nacional: sancionar no solo a los deportistas que recurren al dopaje, sino también a las personas que los inducen, les facilitan sustancias prohibidas o se lucran con la venta ilegal de medicamentos que ponen en riesgo su salud.
La iniciativa fue articulada desde el despacho del primer caballero de la República, Jeffrey Umaña, y contó con la participación del ciclista costarricense Andrey Amador, así como de representantes del sector deportivo y del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).
Durante la presentación, la presidenta Laura Fernández defendió la necesidad de proteger a los atletas y promover una cultura deportiva basada en la competencia limpia.
“En Costa Rica queremos ganar, pero ganar limpio”, manifestó la mandataria.
Estas serían las penas por dopaje y venta ilegal de medicamentos
El proyecto plantea incorporar dos nuevos delitos relacionados con el dopaje y la comercialización ilegal de medicamentos que puedan poner en peligro la salud de los deportistas.
* Comercialización ilegal de medicamentos para dopaje: de dos a seis años de prisión.
* Facilitar deliberadamente el dopaje de un deportista: de dos a cinco años de prisión.
Las sanciones aumentarían si la persona afectada es menor de edad o si quien suministra las sustancias se aprovecha de una relación de confianza o autoridad sobre el atleta.
En esos casos agravados, las penas podrían alcanzar hasta ocho años de cárcel por comercializar ilegalmente medicamentos y hasta siete años por facilitar el dopaje.
La iniciativa pone especial atención en personas que tienen influencia directa sobre los deportistas, como entrenadores, médicos y preparadores físicos, cuando utilizan esa posición para facilitar el consumo de sustancias prohibidas.
Advierten sobre riesgos para la salud de los atletas
Uno de los argumentos centrales de la propuesta es que el dopaje no solo afecta la integridad de las competencias, sino que también puede tener consecuencias graves para la salud.
Durante la presentación se mencionaron riesgos asociados al consumo de sustancias dopantes, entre ellos infartos, accidentes cerebrovasculares, daños en el hígado, infertilidad y disfunción eréctil.
Además de establecer sanciones penales, el proyecto contempla la creación de un protocolo de prevención del dopaje para reforzar la protección de los deportistas y reducir el uso de medicamentos ilegales o irregulares.
La propuesta se sustenta en tres objetivos principales: proteger la salud de los atletas, combatir la venta irregular de medicamentos y promover el juego limpio en las distintas disciplinas deportivas.
Andrey Amador califica la iniciativa como un paso histórico
El ciclista costarricense Andrey Amador respaldó el proyecto y destacó la importancia de garantizar condiciones seguras para quienes practican deporte, tanto a nivel profesional como en categorías juveniles.
“Esto va a ser un antes y un después”, expresó el deportista, quien agradeció el trabajo conjunto para impulsar la iniciativa.
Amador señaló que existe respaldo dentro del ciclismo y de otros sectores deportivos para avanzar hacia un entorno que promueva el rendimiento sin poner en peligro la salud de los atletas.
Por su parte, Fernández destacó que durante la elaboración de la propuesta se tomó en cuenta a deportistas de alto rendimiento y jóvenes atletas, además del aporte del Icoder.
Proyecto buscará trámite prioritario en el Congreso
La diputada Marta Esquivel explicó que, tras la presentación, el texto sería llevado a la Asamblea Legislativa para iniciar el procedimiento correspondiente.
Según indicó, desde el Poder Ejecutivo se solicitó el número de expediente para convocar el proyecto durante las sesiones extraordinarias y darle prioridad a su discusión.
La legisladora manifestó su expectativa de que la iniciativa avance con rapidez, aunque su aprobación dependerá del trámite legislativo y de las decisiones que adopten los diputados.
